“El objetivo de la declaración es legitimar la innovación como objetivo central y estratégico de las organizaciones del sector público, así como su uso en el trabajo cotidiano de los servidores públicos, entendiendo innovación como la implementación de algo novedoso para lograr un impacto”, explica el Ministerio.

Actualmente, 37 Estados miembros de la OCDE, entre ellos España, y seis Estados no miembros, forman parte de esta declaración, que introduce un conjunto de cinco principios y acciones asociadas que los gobiernos y organizaciones públicas pueden utilizar para mejorar el grado de innovación en su gestión.

Entre ellos, adoptar y mejorar la innovación en el sector público, brindar herramientas a los servidores públicos para que innoven, cultivar nuevas alianzas e involucrar diferentes voces, apoyar la exploración y las pruebas, y difundir lecciones y compartir prácticas.

A partir de la adhesión, la OCDE ofrece apoyo tanto a los países adheridos como a la comunidad de innovación, a través de acciones de ayuda, acompañamiento y asesoramiento.