El programa, según indica el Ayuntamiento, está dirigido a aliviar la carga psicológica y emocional de familias cuidadoras de personas en situación de dependencia. Contará por primera vez con 12.000 visitas a domicilio, con mayor oferta de talleres grupales de apoyo y seguimiento telefónico de las familias.

El delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, destacó en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, que han convertido este programa en uno “más completo y más individualizado por su enorme repercusión en el bienestar psicológico y emocional de las familias”.

Según una evaluación del programa elaborada por la Dirección General de Innovación y Estrategia Social, el 63,4% de los cuidadores con sobrecargas más severas vieron aliviada su situación tras pasar por el programa.

Este nuevo contrato introduce como novedades 12.000 visitas a domicilio para valorar situaciones de dificultad o de vulnerabilidades no detectadas previamente, así como 4.000 llamadas de seguimiento e intervención a las familias. Además, ofrecerá un mayor número de talleres, pasando de 1.008 a 1.512 y nuevos tipos de actividades.

El programa, desarrollado fundamentalmente en los centros de servicios sociales de Madrid, comenzará a andar el 1 de octubre con un presupuesto base de 821.000 euros, seis veces más que el iniciado en 2017, dotado de 143.000 euros. El equipo tendrá un carácter multidisciplinar, formado por psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupaciones, abogados y trabajadores sociales.

PRODUCTOS DE APOYO

Además, la Junta de Gobierno aprobó el nuevo contrato para la gestión de camas articuladas, grúas y colchones antiescaras dirigidos a personas mayores de 65 años en situación de dependencia y a sus familias.

El servicio, que comprende la instalación, mantenimiento, reparación y sustitución de estos productos, cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros para la gestión de 600 camas articuladas, 200 grúas y 200 colchones antiescaras, lo que supone un aumento de 76, 46 y 70 unidades respectivamente.

Este contracto, dirigido a conseguir la permanencia de las personas mayores en su hogar el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones, mejorando así su calidad de vida y la de sus cuidadores, entrará en vigor el 1 de octubre con la finalidad de reducir los plazos de instalación y reparación en casos de urgencia y mayor seguimiento de las personas usuarias.