Durante este encuentro, organizado por FCM, la doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, Amaia Pérez Orozco, lamentó que los cuidados hayan sido “invisibilizados” y enfatizó en la necesidad de concretar políticas públicas que permitan cambiar este modelo y que tengan como objetivo el derecho colectivo al cuidado.

“Esta inexistencia de una responsabilidad colectiva implica que los cuidados estén reprivatizados y que cada vez las personas con una mayor renta tiendan a comprarlos”, señaló.

En materia de género, indicó que son las mujeres las que realizan las tareas de cuidados, “sin que esta labor sea reconocida como un trabajo que debe ser compensado”, lo cual, para Pérez Orozco, “se traduce en una desigualdad en su distribución y en una exclusión”. Además, puso de manifiesto “el riesgo que existe en que estos trabajos puedan derivar en una discapacidad para ellas”, por lo que, según afirmó, “es importante que quienes cuidan también sean cuidadas”.

Por otra parte, el coloquio representado por el comité de personas expertas de este Observatorio introdujo la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, una norma aprobada hace 15 años, “como un avance importante de estas políticas del cuidado, pero también una oportunidad perdida para establecer políticas públicas de promoción de autonomía personal con un enfoque de género”.

Según explicaron, esto es debido a que, en el caso de las mujeres a las que hacía referencia esta ley, no han sido consideradas de una manera particular, fruto de la poca toma de consideración de las demandas que la sociedad civil realizó durante la elaboración de esta ley”. Además, señalaron que la “inmensa mayoría de los casos de violencia contra las mujeres con discapacidad se produce en los entornos familiares de mano de quienes tienen la responsabilidad de prestar el cuidado”.

Esta dimensión de género en esta ley, concluyeron, “podría haber sido una herramienta muy útil para empoderar a las mujeres con discapacidad y como mecanismo para prevenir situaciones de violencia en el ámbito de la pareja y en el ámbito familiar”.