La propuesta, rechazada con los votos en contra del PSOE y Podemos, fue defendida por la diputada ‘popular’ Elena Castillo, quien reclamó al Gobierno que se centre “en la prevención, en la educación y en la lucha contra la ludopatía, sin demonizar a un sector que genera puestos de trabajo, que paga impuestos y que es público y privado”.
Tras subrayar que la “mayoría” de las personas que pueden tener ludopatía comenzaron a apostar “en edades tempranas”, exigió “poner el foco” de la prevención en los jóvenes, al tiempo que denunció el “elevado aumento” de las apuestas en menores de edad, circunstancia que tildó de “altamente peligrosa”.
Castillo puntualizó que “todo jugador patológico ha sido antes ‘jugador problema’, pero no todo ‘jugador problema’ acaba siendo patológico”, por lo que urgió a la puesta en marcha de campañas “como medidas correctoras”.
La diputada hizo hincapié, además, en la existencia de un “riesgo” advertido por la industria de que, con las restricciones de publicidad, “si la demanda no se reconduce a la oferta legal, puede optar por la ilegal” y aseguró que el juego ‘online’ con licencia “es la única garantía para proteger a menores y registrados en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego”.