Esa iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España aprobada por el Consejo de Ministros en 2020, y aparece recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en vigor desde el pasado sábado.

Países como Francia y Reino Unido celebraron el año pasado asambleas ciudadanas, y activistas de Extinction Rebellion han demandado en varias ocasiones que ese instrumento se trasladara ya a España.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó este miércoles para audiencia e información pública el proyecto de orden ministerial para concretar los trabajos de preparación y organización de la Asamblea ciudadanas para el Clima, con el fin de recibir aportaciones y sugerencias hasta el próximo 16 de junio.

“Buscamos un debate participado al mayor nivel posible”, apuntó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui, en un encuentro virtual con periodistas.

La Asamblea estará formada por 100 personas seleccionadas de forma independiente y aleatoria por una empresa consultora contratada por Transición Ecológica, que tendrá en cuenta criterios como la edad, el género, el nivel educativo, el origen geográfico y la actitud frente al cambio climático.

Los ciudadanos participantes tendrán que dar su consentimiento para participar en la Asamblea y recibirán una remuneración similar a la de formar parte de una mesa electoral.

CINCO SESIONES

El mandato propuesto girará en torno a la siguiente pregunta: ‘Una España más segura ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?’. No obstante, habrá temáticas específicas relacionadas con la mitigación y la adaptación climática con la perspectiva de que España sea climáticamente neutra en 2050, es decir, que entonces las emisiones de gases de efecto invernadero que se expulsen a la atmósfera sean compensadas por sumideros naturales como océanos y mares.

La Asamblea tendrá cinco sesiones virtuales que se celebrarán en fines de semana del próximo otoño y propondrá recomendaciones no vinculantes que se enviarán al Gobierno y al Congreso de los Diputados, que podrían convertirlas en normas si así lo consideran.

Habrá un panel de coordinación, un grupo independiente de expertos y unos embajadores, así como un equipo técnico independiente que elegirá a los ciudadanos y otro especializados en procesos deliberativos. Toda la información de la Asamblea aparecerá en una web propia.

Ulargui comentó que esta primera Asamblea Ciudadana para el Clima servirá como “pistoletazo de salida” para recoger recomendaciones de ciudadanos que “deberán inspirar” a las Administraciones públicas, agentes sociales y económicos, el Gobierno y el Congreso, si bien no aclaró si esta iniciativa tendrá un carácter periódico.