En un comunicado, Creup reclama “la inclusión de mayores garantías para el estudiantado a la hora de enfrentarse a un proceso sancionador”. “La derogación de este decreto franquista ha sido una de las principales demandas del estudiantado durante muchos años, sin embargo, el resultado no contenta al principal afectado de este documento”, sostiene la coordinadora.
Los estudiantes consideran que “el órgano sancionador no debe depender del rector o rectora y, por otro, se debe delimitar la forma de elección de los miembros de la comisión de convivencia para que la ley se rija por la separación de poderes y así evitar que sean designaciones a dedo”.
Además, Creup solicita mayor concreción en la definición de las faltas y sanciones “para que no haya grandes diferencias entre universidades en el momento de su interpretación” y que la ley “no vulnere en ningún caso la libertad de manifestación y de expresión”.