Al adherirse al Código, las cajas se comprometen a extender el plazo de vencimiento de las operaciones con aval público en caso de que el deudor cumpla determinados requisitos, a evaluar la conversión de la deuda con aval público en préstamos participativos no convertibles en capital y a valorar la reducción del principal pendiente.

La concesión de estas medidas se realizará, según señala CECA en un comunicado, de acuerdo con las políticas y procedimientos internos de gestión de riesgos de las entidades.

Además, se va a establecer un mecanismo de coordinación entre las entidades financieras que tengan exposición a un mismo autónomo o empresa para asegurar un tratamiento uniforme.

Con esta medida, CECA calcula que se podrían beneficiar los titulares de los 342.236 préstamos y créditos con aval del ICO que las entidades de CECA concedieron hasta el 30 de abril de 2021. Dichas entidades suman un importe de financiación agregado de 37.439 millones de euros.

Se trata, subrayó la confederación, de un “nuevo ejemplo de colaboración público-privada” en el que la Confederación “juega un papel fundamental para apoyar el tejido empresarial que está en vías de recuperación tras la pandemia”.