Así lo explicaron fuentes del ministerio en un encuentro informativo en referencia al texto vigente, que calificaron de “régimen franquista” en disciplina académica. De hecho, esta nueva norma deroga el decreto del 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional que permanecía vigente respecto del estudiantado, “en clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad actual”.

Universidades pretende “hacer una ley democrática, en la que los derechos y libertades de toda la comunidad universitaria fueran garantizados”, aseguraron las mismas fuentes, en referencia a derechos como el de reunión y asociación, la libertad de cátedra y de expresión y a no ser violentado.

La futura ley tendrá una “herramienta fundamental”, la mediación para resolver conflictos, que será un mecanismo voluntario. Además las universidades tendrán que crear una comisión de convivencia y, en casos de que entre en juego el régimen disciplinario, se pondrá en marcha un procedimiento de mediación, que permitirá detener ese procedimiento para llegar a un acuerdo. Este procedimiento, indicaron desde Universidades, se puede aplicar en todos los casos salvo si las partes no quieren, faltas relacionadas con la violencia de género y faltas sobre que afectan al patrimonio de la universidad.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Asimismo, las universidades deberán desarrollar sus propias normas de convivencia con medidas de prevención de discriminación, teniendo en cuenta el enfoque de género y el respeto a los afectados, la confidencialidad, la diligencia, la imparcialidad y asegurando la prevención de represalias.

Tendrán un plazo de un año desde la aprobación definitiva de la ley para desarrollar esas normas, que deberán de garantizar derechos y establecer medidas de prevención y violencia “de cualquier tipo de violencia” por “todos los tipos de discriminación” (género, origen étnico, discapacidad…). “Es una norma muy amplia que recoge todas las garantías”, insistieron desde Universidades.

Aunque para aplicar sanciones “se tendrá que ver caso por caso”, las sanciones podrían implicar, por ejemplo, la pérdida de matrícula durante un curso o la expulsión hasta tres años de la universidad. En el texto del anteproyecto se recogen supuestos como novatadas, acoso sexual, plagios, dañar patrimonio.

El departamento del ministro Manuel Castells calcula que, tras un segundo paso por el Consejo de Ministros, el texto de la futura Ley de Convivencia Universitaria podría llegar al Parlamento para su tramitación a finales de verano.