A partir de las 9.00 horas, la Cámara Baja debatirá este real decreto ley, conocido como ‘Ley Rider’, que fue aprobado el pasado 11 de mayo por el Consejo de Ministros, y que, fruto de las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos, establecerá que los repartidores de plataformas digitales, los llamados ‘riders’, son asalariados y no autónomos.

El acuerdo sobre esta ley fue alcanzado el pasado mes de marzo, cuando Gobierno y agentes sociales coincidieron sobre la “presunción de laboralidad” de los repartidores a través de plataformas digitales que gestionan este trabajo mediante algoritmos del servicio o de las condiciones de trabajo.

El pacto también fijaba que la representación legal de estos trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

El Gobierno ha defendido en sucesivas ocasiones la regularización amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó el pasado mes de septiembre que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y no autónoma.

En caso de ser convalidada, la norma, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 12 de mayo, entrará en vigor a los tres meses de dicha publicación.