El trabajo, que analiza siete aspectos de la puesta en práctica de la norma, concluye que las mujeres continúan teniendo "importantes dificultades" para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través del sistema público sanitario y que las diferencias de aplicación de la ley son notables entre comunidades e, incluso, entre ciudades.

"La inhibición de la Administración central por hacer cumplir la norma, junto con la libertad de las administraciones autonómicas para interpretar las leyes de acuerdo con sus circunstancias y signo político de sus gobiernos, está provocando que las mujeres sigan teniendo importantes dificultades para acceder a una IVE a través del sistema público sanitario", dice el texto de las organizaciones feministas.

Las diferencias de acceso se perciben en aspectos como la existencia o no de teléfonos de atención a las mujeres que solicitan someterse a un aborto, o en la práctica de esta operación en hospitales públicos, dependiendo del lugar de residencia de la demandante.

Así, explica el trabajo, en Cantabria y en Cataluña sí hay teléfonos de atención a las mujeres, pero en Madrid, por ejemplo, el servicio de atención a la prestación de la IVE no está protocolarizado, "lo que provoca que el acceso a la información no esté garantizado y dependa de la persona a la que (la mujer) se dirija, su ideología o la información que disponga".

Debido a las complicaciones burocráticas y al tiempo de espera, prosigue el documento, en muchos casos las mujeres optan por dirigirse directamente a las clínicas privadas que practican las interrupciones, por lo que, generalmente, no pueden acceder al servicio financiado públicamente.

En Andalucía, por ejemplo, se deriva a las usuarias a las clínicas concertadas y acreditadas por el sistema sanitario público.

En la Comunidad Valenciana, después del contacto con el centro de salud, se envía por fax a la Consejería de Sanidad la solicitud y valoración y en el plazo de una semana la interesada recibe, telefónicamente, la información del centro médico, ginecológico u hospitalario en el que se le realizará la IVE.

En Cataluña, además del sistema de derivación a clínicas concertadas, existen 10 centros de salud primaria que empezaron una fase de pruebas, a principios de 2011, y donde se realiza el protocolo de interrupción farmacológica, hasta las siete semanas siguiendo criterios clínicos basados en la evidencia científica.

Este aspecto y otros como el acceso a anticonceptivos hace que el informe concluya que tras año y medio de aplicación de la norma, el diagnóstico de la situación muestra "la enorme distancia" que separa los derechos reconocidos en el texto legal con su puesta en práctica por parte del Gobierno estatal y las CCAA.