La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, destacó que “hoy, por fin, se va a garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad” y el respeto de su voluntad.

También tomó la palabra el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien mostró su “satisfacción” por la aprobación de esta norma“ y por “el consenso” con el que “se ha trabajado”.

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad y, en su lugar, propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.

Elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.

Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.

MEJORAS

Los grupos del Senado presentaron más de 290 enmiendas al proyecto de ley, muchas de las cuales fueron incorporadas. En su redacción inicial, el proyecto de reforma incidía en siete leyes (el Código Civil, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil, la Ley de Patrimonio, la de Jurisdicción Voluntaria y la Ley Hipotecaria). Ahora afecta también a la Ley de Comercio, puesto que uno de sus artículos será también modificado.

Otras modificaciones incluidas en el Senado tienen que ver con la eliminación del término “minusválido” o “disminuido” de todas las leyes; la introducción de medidas para que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos judiciales “con garantías", de forma que puedan "entender y hacerse entender”, y la incorporación de la figura del “facilitador”, un experto que les ayudará a lo largo de todo el proceso.

CONSENSO

En su intervención, el ministro Campo aseguró tomar la palabra “con el único objetivo de dar las gracias”. A su juicio, la reforma hoy aprobada “es una ley justa, social, igualitaria y digna”, que “genera satisfacción por dos motivos”.

En primer lugar, porque da cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con Discapacidad que España ratificó en 2008, apuntó, y porque demuestra que “hay otra forma de hacer política”, basada en el acuerdo y en el sacrificio.

Expresó su agradecimiento a todos los grupos políticos que han trabajado en la reforma y, sobre todo, a las organizaciones de discapacidad que la impulsaron desde hace años.

Representantes de ONCE, Cermi, Down España, Autismo España, Plena inclusión, Aspace y Daño Cerebral España estaban presentes en el momento de la aprobación.

Salvo Rocío de Mer (vox), Todos los portavoces que intervinieron en el debate mostraron su satisfacción y entusiasmo ante “el avance” que supone la nueva legislación.

La diputada de la ultraderecha consideró que “el espíritu de esta reforma parte de un error tremendo”, que es “identificar la dignidad con la voluntad, aun cuando el discernimiento esté limitado”.

“¿Deberíamos dejar a alguien tirarse por un puente o beber lejía por respeto a su voluntad?”, se preguntó.

A su juicio, esta ley prima el respeto a la voluntad de las personas, “incluso de aquellas sin capacidad de discernir” por encima de su interés superior, y “ataca el papel de la familia”.

Esta idea la rebatió la diputada del PP María Jesús Moro, tras destacar que, gracias a la reforma, “las familias ya no se verán obligadas a ir (contra las personas con discapacidad) si quieren prestarle apoyos”.

“El proceso será mucho más sencillo y humano”, defendió, “y nadie quedará abandonado a su suerte”. Precisamente, hay toda una serie de medidas para ello.

El portavoz del PSOE, Miguel Ángel González Caballero, lamentó que “una vez más, la ultraderecha quiera salirse de esta foto de consenso”, en la que, “gracias a las personas con discapacidad, hemos demostrado que el Congreso puede dejar la bronca y trabajar para los ciudadanos”.

“Tiempo, es lo que les recomiendo”. “El mismo tiempo que desde la Ilustración se necesitó para considerar fuera de la minoría de edad a la clase obrera, a las mujeres, etc...”.“Hoy, cientos de miles de personas con discapacidad” lo han logrado, concluyó

Por su parte, Sara Giménez (Ciudadanos) apuntó a su vez que la nueva ley ayudará a “combatir la discriminación histórica” que han sufrido y sufren las personas con discapacidad, y contribuirá a su inclusión social.

Miquel Legarda (PNV) y Josep Pagès (Junts per Cat) subrayaron la equiparación de derechos y “las mejoras introducidas” en la ley a su paso por el Senado, fruto “del trabajo y del consenso” entre todos”

Para la portavoz de Unidas-Podemos, Marisa Saavedra, esta reforma supone “un hito histórico” que adapta la legislación española “al artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas”, donde se proclama la igualdad jurídica de las personas con discapacidad.

Por eso, “abrirá la puerta a muchas otras reformas en el futuro para seguir avanzando”, afirmó.