“Ciudadanos no legitimará esta maniobra del Gobierno que además es una auténtica chapuza jurídica”, señala esta formación, al tiempo que asegura que cree que el Ejecutivo, “nuevamente” intenta someter a un chantaje a la Cámara Baja al plantear esta “chapuza” junto con otras medidas sociales “importantísimas” que considera “necesarias”.

A su juicio, el Gobierno pretende endosar al Tribunal Supremo y, “en definitiva” a los jueces, la gestión de la etapa final de la pandemia, cuando se trata de una cuestión de “máxima” relevancia que, según Cs, requiere de un liderazgo y una determinación que “ha brillado por su ausencia” en el Ejecutivo.

Desde Ciudadanos, recuerdan que llevan meses “advirtiendo” al Gobierno de que, con el fin del estado de alarma, iba a ser necesario un plan B para hacer frente a la pandemia, pero “nuevamente” no “ha hecho los deberes y pretende que la oposición y el resto de grupos parlamentarios apoyen una medida que traslada al poder judicial la toma de decisiones “políticas”.

Por ello, Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con todas las medidas de protección social que contempla el decreto para instar al Gobierno a aprobarlas sin necesidad de hacer “tragar” a la oposición con la “chapuza jurídica” de “endosar” al TS la gestión de la pandemia.

Con esta proposición, reclama una prórroga hasta el 31 de agosto de la prohibición de dejar sin suministros básicos y de la suspensión de desahucios, así como una prórroga hasta el 31 de diciembre de la compatibilidad de la pensión de jubilación a los profesionales sanitarios que han estado en primera línea de “batalla” contra la Covid-19, así como la flexibilización del uso del fondo de educación y promoción de las cooperativas, para paliar los efectos del virus.

Asimismo, entre otras medidas, apuesta por mantener la consideración de “esenciales” a los servicios de protección a las mujeres víctimas de violencia de género y garantizar que todas las medidas de protección al colectivo durante el estado de alarma se mantengan en situaciones sanitarias de carácter extraordinario al margen de la herramienta jurídica.