En concreto, el documento fija como objetivo disminuir el peso de la economía sumergida hasta situarlo al novel de las ocho principales economías de la UE, actualmente en el 11%. Para ello, marca como ruta su reducción al 15% en 2030 y al 12% en 2040 como pasos intermedios.

En el documento se mencionan varias formas para lograr esa reducción, como la mejora del capital humano, el incremento de la inserción laboral, la modernización del sector público, el refuerzo de los recursos de la administración tributaria dedicados a la inspección, y fortalecer la concienciación social.

“Una mayor formación de la fuerza de trabajo y un mercado laboral capaz de incorporar a los grupos excluidos (especialmente jóvenes) suelen llevar asociados menores niveles de economía sumergida”, indica el documento, que, de igual modo, añade que “una administración pública más digitalizada, con procedimientos automatizados y menores trabas administrativas, también incentiva la incorporación al sector formal”.

INSPECCIÓN

En lo referente a los recursos de la administración tributaria dedicados a la inspección, el documento recoge que, según el índice de eficiencia de la Agencia Tributaria, por cada euro invertido en la agencia en 2018 se recaudaron más de 11 euros en la lucha contra el fraude, pero que, sin embargo, en relación a la media de la UE, España tiene una proporción menor de empleados que se dedican a funciones de inspección y comprobación.

Asimismo, indica la necesidad de “mejorar la coordinación entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, así como entre la AEAT y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, para lo que propone reducir el fraccionamiento de la información entre administraciones e impulsar el uso compartido de los recursos disponibles.

También en este sentido, aboga por impulsar el uso de las nuevas tecnologías para funciones de inspección, mediante el uso de la inteligencia artificial o el uso de datos masivos.