Campo se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Congreso, donde pidió comparecer a petición propia para dar cuenta del desarrollo de su plan de 'Justicia 2030', que es su proyecto para esta legislatura.

Junto al desarrollo de este plan, el ministro respondió a otras cuestiones planteadas por las formaciones políticas, como la renovación del CGPJ y la tramitación de los indultos a los condenados del 'procés'.

Sobre la renovación del CGPJ, Campo pidió al diputado del PP Miguel Ángel Jerez que plantee a los “responsables” de su partido que se sienten a negociar, porque “no cabe el chantaje de 'mientras no se cambie una ley, no lo aceptaré', porque eso no es cumplir el Estado de derecho, eso no es ser constitucionalista”. Aludía así a que el líder de los populares, Pablo Casado, haya ligado un acuerdo sobre el Consejo a cambiar su sistema de elección, de forma que los jueces elijan a los vocales directamente.

Reclamó a Casado y al PP una “reconsideración” de este posicionamiento, que dijo ha leído “diluido en prensa”, pero que no se cree. Se mostró convencido de que los populare van a negociar la renovación del CGPJ y espera que esto se haga “cuanto antes”.

“NO ME GUSTA”

En cuanto a los indultos de los condenados del 'procés', Campo señaló que no hay novedad, puesto que el Ministerio está a la espera de que le llegue el informe no vinculante del Tribunal Supremo sobre si conviene aplicar el derecho de gracia a los dirigentes independentistas condenados.

Por otra parte, el ministro se refirió a la polémica creada porque el BOE publicara en abril pasado una ley en cuyo preámbulo se acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de haber recortado las libertades. Se trataba de la norma que derogaba el artículo 315. 3 del Código Penal que castigaba los excesos de los piquetes en las huelgas. “No me gusta”, dijo el ministro sobre esta exposición de motivos y pidió a todos los partidos un “esfuerzo” para “que no vuelva a ocurrir”.

Al mismo tiempo, respecto al proyecto 'Justicia 2030', Campo señaló que está organizado en nueve grandes programas, con 27 proyectos y 47 subproyectos. Señaló que todos ellos tienen “un impacto real, seguimiento y memoria económica”.

Explicó que esta plan se está plasmando en normas que ya han sido aprobadas o están en tramitación. A este respecto, se refirió a la aprobación definitiva este jueves de la ley para eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad y que también haya recibido el visto bueno de las Cortes la Ley del registro Civil. Añadió que están pendientes otras iniciativas como la Ley del Derecho de Defensa, la Ley de Eficiencia Organizativa o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.