En concreto, la agencia recordó que, pese a la recesión causada por el Covid-19 en España en 2020, las comunidades tuvieron un desempeño sólido, gracias al paquete de apoyo de 16.000 millones de euros del gobierno central y un aumento de los ingresos del sistema de financiación en un 7,1%.

De esta forma, S&P destaca que dicho apoyo mitigó el impacto de la pandemia en las cuentas de las comunidades y que también permitió ejecutar la mayoría de sus planes de inversión de acuerdo a sus presupuestos iniciales.

Sin embargo, advierte de que este mejor rendimiento “será de corta duración” ya que sus cuentas “se deterioran en 2021 y 2022 a medida que el gobierno central termine los paquetes de apoyo y el sistema de financiación comience a generar liquidaciones negativas”.

Por otro lado, la agencia resaltó que, pese a este efecto, las regiones españolas se beneficiarán indirectamente de grandes transferencias de fondos de la UE que estimularán el crecimiento económico y, por tanto, ayudará a ampliar sus bases impositivas.

Así, considera que “las cosas deberían mejorar a partir de 2023”, con una recuperación económica “firme”.

Sobre la importancia del apoyo dado por el Gobierno central, S&P subraya que “sin el gran paquete de apoyo gubernamental, las autonomías podrían haber registrado un déficit general de alrededor del 14%, en lugar de alrededor del 4%”.

De esta manera, el informe de la agencia de calificación resalta que los resultados presupuestarios de las comunidades “prueban el carácter solidario de la institucionalidad española”.

Asimismo, destaca que, pese a que desde la agencia esperaban una contención en las inversiones en 2020, “la actividad inversora resultó ser mayor”, lo que atribuye al apoyo gubernamental, “que dio a las regiones la confianza para continuar su programas de inversión con la esperanza de estimular la economía”.

Así, señala que las regiones españolas ejecutaron alrededor del 80% de su gasto de capital presupuestado en 2020, por encima de la expectativa que previamente tenía S&P, en alrededor del 66%.

2021 y 2022

De cara a 2021 y 2022, S&P estima que el desempeño presupuestario de las comunidades se deteriorará por los menores ingresos del sistema de financiación y la reducción del apoyo del gobierno central, así como por dificultades en controlar el crecimiento del gasto y “amplios objetivos de déficit de referencia que darán a las regiones más flexibilidad para registrar déficits”.

En este sentido, calcula que los ingresos por el sistema de financiación serán un 1,6% más bajos en 2021 que en 2020, y que “si bien el apoyo del gobierno central continuará en 2021, será menor que en 2020”.

Así, la agencia recuerda que mientras que en 2020 el Gobierno absorbió la mitad del déficit de las comunidades, “no tenemos ningún indicio de que el gobierno central tenga la intención de otorgar más apoyo en 2022, y la falta de dicho apoyo deprimirá automáticamente los ingresos regionales en comparación con 2021”.

En cuanto al gasto, S&P apunta a que la presión en 2021 “seguirá siendo significativa” debido a la persistencia de la pandemia, y añade que dicha presión podría continuar incluso en 2022, ya que “no anticipamos una reducción importante en el gasto”, al considerar que “algunos de los aumentos recientes para mejorar la calidad de los servicios públicos esenciales, como la salud y la educación, se vuelvan estructurales”.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, el informe de S&P destaca que las comunidades recibirán 10.000 millones de euros en subvenciones del paquete REACT-UE en 2021-2022 para financiar ya sea gastos operativos o de capital, y que España recibirá 70.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia, de los cuales una parte irá directamente a las autonomías.

Sobre este aspecto, S&P estima que los fondos tendrán un efecto neutral en el desempeño presupuestario de las regiones españolas, pero que sí tendrán una influencia indirecta pero positiva en su recuperación económica y el impulso de su fiscalidad.

Por último, advierte que, debido a que seguirá habiendo déficit presupuestario, las comunidades seguirán registrando una deuda alta, pero que ésta podría reducirse en 2023, a medidas que mejoren los ingresos.