Así se refleja en un informe realizado por José Luis Bosch Cholbi, profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia y miembro de Aedaf, en el que recuerda que los registros domiciliarios por parte de la Agencia Tributaria suelen llevarse a cabo con autorización judicial, aunque sin solicitar normalmente el consentimiento previo del titular.

En este sentido, el documento apunta que el Tribunal Supremo, en dos sentencias de 2019 y 2020, concretó qué contenido y requisitos debía cumplir esa autorización judicial, y exigió que, si no se ha notificado al contribuyente el inicio del procedimiento inspector, la AEAT no puede dirigirse al juez.

Así, para el autor del documento, las modificaciones que el Ejecutivo prevé propone realizar en la LGT y la LJCA con la tramitación del proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, “pretenden dejar en papel mojado la doctrina garantista del Tribunal Supremo reforzando las actuaciones de la AEAT en el domicilio de manera tan deficiente e imprecisa que generará una tremenda inseguridad jurídica a los contribuyentes, a los Tribunales de Justicia y a la propia AEAT”.

Asimismo, Aedaf considera que la reforma legislativa incumple la exigencia constitucional de que sea una ley orgánica la que desarrolle ese derecho fundamental del artículo 18.2 de la Constitución Española, “por lo que podría incurrir en inconstitucionalidad”.

De esta manera, para Bosch, “de aprobarse, en estos términos, la reforma de la LGT y la LJCA, se traslada la impresión, no quimérica, de que solo merecen previsiones legislativas especiales las entradas domiciliarias que lleva a cabo la AEAT, y cuando el legislador se decide a intervenir, solo lo hace para reforzar la correspondiente potestad administrativa”.

En cambio, el autor del informe considera que “lo procedente hubiera sido llevar a cabo una regulación completa y genérica del derecho fundamental ante las entradas de las administraciones públicas en domicilio, en su conjunto”.