El ministerio público entiende que “el recurso de casación interpuesto por la representación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias encierra una simple pretensión revisora del razonamiento empleado por el Tribunal ‘a quo’, que no se ajusta al concepto y la función del recurso de casación, sino que más bien tendría cabida en la técnica de la apelación".

Así, el fiscal jefe del área se opone a las alegaciones del Ejecutivo canario alegando razones técnicas y no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión planteada, limitándose a informar de que el asunto remitido al TS no es materia casacional. En ese sentido, advierte que el Gobierno autonómico no discute una cuestión jurídica, sino la valoración que hace el tribunal cuando dice que la medida no está suficientemente justificada.

Entiende, por tanto, que el recurso de las autoridades canarias sólo busca que el Supremo fijara como criterio jurisprudencial que en situaciones excepcionales es esta pandemia, el juicio de proporcionalidad sobre medidas que adopten las autoridades sanitarias y que necesiten ratificación judicial no quede fuera de la realidad que se pretende combatir, lo que, según la Fiscalía, no es función del TS.