Así lo declaró el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien compareció en rueda de prensa junto a la dirigente de su partido y diputada nacional Patricia Rueda.

Durante esta comparecencia, Buxadé fue preguntado por la posibilidad de que el Gobierno pueda plantear una reforma más amplia de la Carta Magna al tiempo que promueve la modificación del artículo 49 de la norma fundamental para sustituir el término “disminuido” por el de “personas con discapacidad” y adaptar la protección de ese colectivo a la Convención de la ONU sobre la materia.

El portavoz de Vox respondió que no sabe cuál será la posición de su fuerza política en las Cortes sobre el artículo 49, pero opinó que es una cuestión menor, motivada porque al aprobarse la Constitución se empleaba el término “disminuido” sin que tuviera “ninguna consideración” negativa. Además, cuestionó el llamado “lenguaje inclusivo” y recordó que la Asamblea francesa se ha mostrado en contra de su uso en la educación de este país.

DARÁN LA “BATALLA”

Sobre la conveniencia de abordar otras reformas constitucionales, Buxadé declaró que “en España ahora mismo existen problemas muchísimo más graves”, como “los seis millones de desempleados, la falta de protección de nuestras fronteras, la inseguridad en nuestras calles y en nuestras plazas, la crisis económica brutal y la incapacidad de los Gobiernos nacional y regionales de resolver el problema de la crisis sanitaria” derivada de la pandemia de Covid-19.

No obstante, se refirió a que si se abre en España un “proceso de reforma constitucional”, Vox dará la “batalla” en cuestiones como pedir que se proceda a “vaciar” de contenido el Título VIII de la Carta Magna, que establece las bases de la “organización territorial del Estado”.

Indicó que, en caso de iniciarse este proceso de reforma en profundidad de la norma fundamental, a lo mejor los españoles se posicionan contra el Estado autonómico, ya que es una estructura que “ha vaciado sus bolsillos y les ha quitado la libertad”. Añadió que Vox también entiende que debería preguntarse a los españoles se quieren que se incluya en la Constitución “que los inmigrantes ilegales jamás podrán acceder a ayudas sociales”.

A este respecto, se mostró convencido de que PSOE y PP coincidirían en defender el Estado de las autonomías en el caso de que su existencia fuese cuestionada. “El bipartidismo cerrará filas y dirá que no procede la reforma constitucional porque se les acaba la madre de todos los chiringuitos, que es el Estado de las autonomías”, concluyó.