En concreto, los investigados son el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la exsecretaria de Gestión Económica; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

En una providencia, el juez instructor acuerda remitir el procedimiento y las piezas separadas a la Audiencia Provincial para que procedan a su reparto, para que queden a disposición del órgano judicial que corresponda los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas.

El día 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A.

Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el día 3 de diciembre de 2019, el instructor acordara por medio de un auto continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En este último auto, el juez concluye que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria “asciende a 40.750.047,74 euros”.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”.

Añade también que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.

Según asevera el juez, la consecución de esos fines fraudulentos de financiación necesitó de la implicación de sociedades que actuaban como proveedores y facilitaban la infraestructura documental y contable que permitía obtener fondos destinados a formación y luego desviarlos para sostener los gastos corrientes del sindicato.