El decreto contó con el respaldo de 294 diputados, sin votos contrarios y con 52 abstenciones, después de abrirse la posibilidad de incorporar cambios a través de su tramitación como proyecto de ley por el trámite de urgencia.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, expuso que son medidas para “causas extraordinarias” y “excepcionales”, enmarcándolo dentro del paquete de medidas desplegadas desde que se declaró la pandemia “para apoyar a empresas viables a superar la situación de vulnerabilidad o desequilibrio patrimonial” provocado por las restricciones.

De forma específica detalló que se habilita a las comunidades autónomas a establecer nuevos sectores a sumar a los 95 establecidos de forma general por el Gobierno y que pueden acceder a ayudas directas para sufragar gastos fijos y deuda con proveedores financieros y no financieros, como son gastos fijos, facturas o recibos de suministros.

Para acceder a ellas recordó que tienen que haber sufrido una caída de ingresos de, al menos, el 30%, y explicó que el listado elaborado por el Gobierno incluye aquellos negocios con más del 10% de la plantilla aún en ERTE o que no hayan conseguido reincorporar, al menos, el 75% de los empleados máximos que tuvieron en ERTE en su pico máximo. Así detalló que figuran sectores como el textil, comercio, turismo, restauración, cines, museos o gimnasios.

A esa selección, las comunidades autónomas podrán añadir ahora otros sectores o empresas que consideren que precisen soporte en función de las restricciones establecidas en sus territorios. “El Gobierno es plenamente consciente de que hay otros sectores y empresas que lo están pasando mal y somos muy sensibles a sus necesidades”, argumentó para justificar la capacitación de las comunidades con esta normativa.

Fruto de esa sensibilidad expuso que también les permitirá incluir, “de forma excepcional”, a compañías que fueran solventes en el año 2019 y que hubiesen incurrido en pérdidas, como ocurre con algunas que encajaron ‘números rojos’ por la quiebra de Thomas Cook.

En materia fiscal, el real decreto también permitirá a las empresas pagar sus deudas no tributarias ni aduaneras con la administración en un plazo de hasta cuatro años con el objetivo de permitirles una mayor liquidez, mediante su aplazamiento máximo por un periodo de dos años a partir del vencimiento previsto y, una vez cumplidos esos 24 meses, la concesión adicional de otro plazo de dos años más en los que fraccionar el pago de la deuda.

PARCHE Y CUANTÍA INSUFICIENTE

Durante el debate, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramás, dio la bienvenida a que se escuchase a las autonomías y se les permita incluir nuevos sectores, pero juzgó insuficiente que deban tener caídas del 30% de los ingresos. “Eso es absurdo”, apuntó, indicando que hay empresas, sobre todo del sector agrario canario, donde “con una bajada del 20%, del 15 o del 16% también dejan de ser viables y tendrán que cerrar”. Además, culpó al Gobierno de “llegar tarde y mal” con unas ayudas que en “en el resto de los países europeos las hicieron desde el primer momento, en julio”.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, Idoia Sagastizabal criticó que se “pone un parche” para resolver el problema creado por no hablar antes con los grupos políticos ni con las comunidades autónomas, “que son las que verdaderamente conocen la realidad de su territorio”. Afeó además que se otorgue a las regiones la posibilidad de incorporar sectores “con la misma cantidad de dinero que ya se había establecido”, deslizando que las regiones podrían no tener margen para ampliar sectores “a no ser que lo hagan con recursos propios”.

Desde Ciudadanos, María Muñoz alertó de que dejar en manos de las comunidades autónomas el establecimiento de nuevos sectores “solo asegura” que se va a producir “más desigualdad entre las empresas y autónomos en distintos territorios en relación a los sectores afectados”. Juzgó insuficiente fijar un criterio de facturación para determinar a los beneficiarios de las ayudas, abogó por establecer “criterios homogéneos y equiparables” a escala nacional “para asegurar que empresas en las mismas condiciones económicas reciben un tratamiento exactamente igual, independientemente de su domicilio fiscal”, y auguró que algunas autonomías puedan tropezar con dificultades de gestión.

La diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz reivindicó que las ayudas directas “son una medida que nuestro grupo parlamentario ha venido solicitando desde principios de este año”, junto con otras medidas con impacto directo en el tejido productivo, como multar a las empresas morosas “para evitar que se rompa la cadena de pagos, garantizar liquidez y reducir las necesidades de endeudamiento”.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros afirmó que España “acumula hoy cientos de miles de pymes, comerciantes, autónomos, hosteleros, agencias de viajes, peluquerías y centros de trabajo muy diversos que están parados por decreto, que han sido obligados a cerrar” y llevan “meses reclamando y esperando ayudas directas para sobrevivir y muchas empresas, demasiadas, no han logrado precisamente sobrevivir”. “Somos el país de Europa donde más se ha deteriorado el tejido productivo, el que más empresas ha destruido durante esta epidemia”, acusó, refiriendo que esta situación está detrás de un aumento del 71% en las insolvencias empresariales.

“Pedro Sánchez improvisó y rectificó, ya sabemos que el señor Sánchez solo acierta cuando rectifica”, agregó, indicando que la adopción de medidas “llegó muy tarde y encima todas las nuevas ayudas no llegaron a salir así, sino que vino un período de indefinición, de caos e incertidumbre en el que nadie sabía ni cómo, ni cuándo ni dónde solicitarlas”. Además, reprochó que los 7.000 millones de ayudas “es siete veces menos de lo que reclamaba nuestro tejido productivo” y auguró que se condena a las empresas a “un infierno burocrático” porque las comunidades autónomas “ya se han quejado de las dificultades que van a encontrar para intentar gestionar esas ayudas”.

En una línea parecida el diputado del PP Miguel Ángel Castellón afeó aprobar “una nueva rectificación” del plan de 11.000 millones de euros en ayudas para permitir a las regiones incorporar sectores, en lo que consideró “otra muestra más de esa caótica gestión económica que tiene este Gobierno para afrontar la crisis” y “cuya rectificación nos está costando la credibilidad del país”, además de “miles de empresas en liquidación” y de empleos.

Además, consideró que los 7.000 millones destinados para ayudas directas es una “cantidad absolutamente ridícula para hacer frente a los cálculos de 70.000 millones de euros de pérdidas”, reprochando que se ha invertido “tan solo el 1,3% del PIB de nuestros recursos frente al 4,1% de la Unión Europea, el país que menos ha ayudado a la empresa”.