Una vez superado este paso, el proyecto de ley deberá volver al Congreso para ser ratificado, pero “si todo va como está previsto, podría aprobarse y publicarse en el boletín Oficial del estado (BOE) de forma definitiva antes de junio”, indicaron fuentes parlamentarias a Servimedia.

El texto, aprobado con 242 votos a favor y 17 abstenciones, incorpora más de 80 enmiendas transaccionales pactadas entre los distintos grupos, que habían presentado un total de 243.

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad, y en su lugar propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.

En esta línea, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.

Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.

Una delegación de representantes del Cermi, Plena inclusión y la ONCE asistió de forma presencial al debate de la ley.

MEJORAS

En su redacción inicial, la reforma incidía en siete leyes (el Código Civil, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil, la Ley de Patrimonio, la de Jurisdicción Voluntaria y la Ley Hipotecaria), y tras la admisión de una enmienda propuesta por el PSOE, afectará también a la Ley de Comercio.

Su paso por el Senado ha supuesto también la incorporación de medidas específicas para asegurar que todas las personas con discapacidad pueden participar en los procesos judiciales “con garantías de entender y hacerse entender”, y el reconocimiento de la figura del facilitador, un experto que podrá apoyar a la persona en cualquier momento del proceso, a fin de asegurar que entiende todo lo que sucede y ayudarle a manifestarse.

Otra de las modificaciones incorporadas al proyecto tiene que ver con la publicidad de las declaraciones de bienes en el registro civil por parte de estas personas.

DEBATE

Junto al dictamen aprobado en la Comisión, hoy se debatieron varias enmiendas de distintos grupos que no se habían incluido en el proyecto ni tampoco se habían retirado.

UPN, Ciudadanos y PNV habían solicitado menos restricciones para que las personas con discapacidad pudiesen legar su herencia a entidades de prestación de servicios; el Grupo Vasco y también JXCat defendieron además otra regulación del Libro de bienes inmuebles de las personas con discapacidad que figurará en el Registro Civil, y Esquerra exigía mayor protección a las lenguas cooficiales a la hora de transcribir documentos a braille o de adaptarlos a lectura fácil.

La representante de ERC, Laura Castell, lamentó que casi todas las propuestas de su grupo fueron rechazadas, lo que a su juicio demuestra "la nula voluntad de acuerdo" del PSOE, que "pacta solo consigo mismo".

Por su parte, Vox presentó 72 enmiendas en el Senado, y muchas de ellas llegaron “vivas” al debate de hoy.

Más allá de correcciones técnicas y de modificaciones para “evitar una intromisión excesiva de los poderes públicos”, Vox sostiene que el espíritu de esta reforma “no protege el interés general, ni de la sociedad ni de las personas con discapacidad”.

Según el senador Víctor Manuel Gascón Marín, el proyecto de Ley acaba con la distinción entre capacidad jurídica, “que es lo que protege la convención de naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y capacidad de obrar”. La primera es “una cualidad humana”, pero la segunda “sí se puede limitar”, apuntó, como se hace con los menores “en base a su interés general”.

Así sucede hasta ahora también en algunos casos de personas con discapacidad intelectual, prosiguió, cuyo “discernimiento no puede considerarse suficiente” para adoptar ciertas decisiones. A su juicio, esta reforma, igual que la citada Convención, “parte de una concepción exaltada de la autonomía de la persona, sin reconocer ninguna restricción ni circunstancia heterónoma”.

“Los deseos y preferencias (de las personas con discapacidad) son la instancia principal de decisión, aún cuando “no posean capacidad suficiente para manifestarse" al respecto. “Vox no comparte esta concepción de la realidad”.

Para el senador socialista José Aurelio Aguilar, “algunas enmiendas de Vox se apartan del espíritu de la reforma”. “En su terminología y concepto, están más cerca del Azarías de ‘Los santos inocentes’ que de la época actual y la Convención de Naciones Unidas”, declaró. A su juicio, “esta ley tiene unos protagonistas claros, las personas con discapacidad, a las que hemos devuelto la dignidad de la ciudadanía”.

En la misma línea se pronunció Marcos Arias, portavoz de Ciudadanos, convencido de que esta norma ayudará “a proteger los derechos de las personas con discapacidad, pero sobre todo, a promover su dignidad”.

La senadora de JXCat Teresa Rivero habló por su parte de “avance histórico en el reconocimiento de los derechos humanos”, mientras que Rosa Peral (PNV) destacó “el cambio radical en la concepción de la capacidad jurídica” que esta reforma supone. Mejorará “la inclusión social” del colectivo y ayudará a acabar con “el estigma”, aseguró.

La portavoz popular, Violante Tomás, señaló que gracias a esta reforma España “cumple con las exigencias de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y, “sobre todo, pone fin a esa dolorosa muerte civil que implica la incapacitación".

Prácticamente todos los portavoces destacaron “la voluntad de trabajo y de consenso” demostrada por todos los grupos desde que el proyecto de ley entró en el Senado, y agradecieron el apoyo de las organizaciones de la discapacidad, que “llevan tantos años empujando para que esto pudiera salir adelante”. "Muchas gracias por el empeño en sacarla adelante de forma colaborativa", declaró Aguilar.