En la rueda de prensa para exponer las reformas que competen a su Ministerio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Escrivá dijo que esta medida se está terminando de diseñar.

Explicó que se ha observado que el número de bajas de cotización en la Seguridad Social aumenta conforme el contrato es de menor duración. Indicó que en 2019 se produjeron 27 millones de bajas en la Seguridad Social y más de un tercio correspondieron a contratos de cinco días o menos, en los que es frecuente dar de baja al trabajador el fin de semana. Mientras, tres de cada cinco fueron por contratos de un mes o menos, y una de cada cinco bajas tenía un contrato por un día.

En base a este análisis, Escrivá señaló que se trata de “desincentivar” a los trabajadores a los que se les da de baja recurrentemente en periodos cortos de tiempo y el desincentivo “irá creciendo en el tiempo en función del número de bajas por trabajador dentro de un mes”.

Aunque actualmente existe una penalización en forma de sobrecotización a la Seguridad Social, el ministro señaló que “no funciona bien” y “una de las razones es que no interioriza en su diseño el número de bajas por trabajador que se están dando en un periodo de tiempo acotado, que es lo que queremos que sea”. Descartó que además de la sobrecotización se vayan a interponer multas.

Por otra parte, fue preguntado por el mecanismo de equidad intergeneracional que va a sustituir al Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013.

Escrivá comentó que se requiere de un diseño que “interiorice” que las generaciones futuras tendrán que soportar las pensiones de la generación actual y “eso genera un problema de equidad”, y que “centre la necesidad de abordar el problema de sostenibilidad en las generaciones que realmente han generado el problema”. Destacó que “estamos hablando de algo relativamente acotado”.

Apuntó que el factor tendría más relevancia a medida que haya una cercanía a la generación del ‘baby boom’, cuando se prevé el pico en pensiones, y “operaría mucho menos” a medida que haya un alejamiento, pero aseguró que, en cualquier caso, no supondrá una menor pensión conforme aumente el desequilibro entre ocupados y pensionistas.

Por otra parte, respecto al incremento de las bases máximas de cotización en consonancia con un aumento de la pensión máxima que se ha comprometido con Bruselas para aprobar antes de que termine 2022 e implementar a lo largo de las próximas tres décadas, el ministro señaló que “lo lógico es que haya un cierto decalaje” entre el aumento de bases y un incremento de la pensión máxima y que ese “desfase temporal” que se producirá se tendrá que ajustar en el tiempo.

Por último, se refirió al mecanismo de flexibilidad interna al estilo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por Covid que se pondrá en marcha para casos de caída puntal de la demanda en las empresas y para transiciones ante una perturbación estructural.

Explicó que, en estos momentos, los afectados por ERTE se concentran en la restauración y las actividades de alojamiento y “es cierto que en algunos sectores o en algunas partes de estos sectores podría ocurrir que cambios en las estructuras de demanda hacia adelante pongan de manifiesto la necesidad de algún cambio estructural, ahí podemos tener una capacidad de funcionar” con el nuevo mecanismo. Proyectó que la cifra de trabajadores en ERTE bajará al entorno de los 600.000 esta semana, desde los 638.238 en que se situó el 29 de abril.