Así lo explicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

Díaz explicó que la norma se instrumenta mediante una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores con la que se presume la laboralidad de los ‘riders’, lo que conlleva los derechos regulados en el Estatuto de los Trabajadores como los de organización, sindicación, protección social, cotizaciones y salarios, según destacó.

A ello se suma una modificación del artículo 64 para “garantizar un derecho de información que tendrán los trabajadores en todas y cada una de las empresas de nuestro país” sobre las reglas en las que se basan los algoritmos que afectan a la toma de decisiones y que pueden tener incidencia sobre las condiciones laborales. Díaz destacó que esto es “lo más ambicioso” de la norma y subrayó que “la afectación es global, a todas las entidades mercantiles” pero que no se va a acceder a la información mercantil, sino a las reglas que puedan impactar en las condiciones de trabajo. La vicepresidenta tercera quiso señalar que “la respuesta jurídica era compleja” para esta norma.

Por otra parte, Díaz anunció que se creará un comité de expertos para “estudiar en profundidad el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales”.

Precisó que “necesitamos del saber de los expertos para que cuando lleguemos a una posición más avanzada podamos tener solvencia y claridad respecto de cómo abordamos el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales” y que las fórmulas matemáticas sean “neutras”.

“Los algoritmos están en todas y cada una de las relaciones laborales ya, de ahí la importancia de la configuración de este comité de expertos” que “con tranquilidad y serenidad” hará el citado estudio, en palabras de la vicepresidenta tercera.

Al ser preguntada sobre las críticas de algunas plataformas respecto al impacto negativo en el empleo que pueda tener la norma, Díaz respondió que “ni los trabajadores deben de temer a la inteligencia artificial ni las empresas deben temer a los derechos laborales”.

La vicepresidenta y titular de Trabajo consideró que “hay que cumplir” las resoluciones judiciales y que diez tribunales se posicionaron a favor de la laboralidad de los ‘riders’, unificando doctrina el Tribunal Supremo en la misma línea el pasado mes de septiembre. “No solo es el Tribunal Supremo, en los europeos verán cómo están resolviendo más o menos de la misma manera”, agregó, y enfatizó que “no debe existir ningún temor y lo que demos hacer es cumplir con las normas vigentes”.

Indicó que la Inspección de Trabajo y Economía Social ha declarado como laborales 16.794 trabajadores, con un impacto recaudatorio de 29 millones de euros.

Díaz puso en valor que “no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia” y, por tanto, “estamos a la vanguardia”. “Somos pioneros y me consta que Europa nos está mirando y con mucha atención”, subrayó, y agradeció a los agentes sociales el trabajo realizado. Esta norma fue acordada entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos el pasado mes de marzo.

Además, explicó que tiene la vocación junto con sus homólogos europeos de “ir con fortaleza y a la ofensiva en esta definición de las relaciones laborales” y en junio se celebrará una reunión monográfica en Catania (Italia) sobre las relaciones laborales en las plataformas.

“Ahora los algoritmos van a ponerse por primera vez en nuestro país al servicio de la mayoría social”, proclamó.