En el orden del día figura la aprobación de la política de remuneración de los consejeros para los ejercicios 2020-2022, conforme a la propuesta motivada del Consejo de Administración y tras el preceptivo informe de la Comisión de Retribuciones.

El banco pedirá fijar una remuneración máxima de 2,92 millones de euros como retribución fija anual para el conjunto del Consejo, la aprobación de un número de acciones a entregar dentro del plan de incentivos vinculado al Plan Estratégico 2019-2021 para los consejeros ejecutivos, el equipo directivo y empleados clave, además de ampliar de 90 a 130 el número de beneficiarios dada la nueva estructura organizativa adoptada tras la fusión de Bankia.

De forma particular, establece un máximo de 4.094.956 acciones, siempre que se alcancen o superen los objetivos del Plan estratégico, y a entregar entre el trienio 2025-2027, con un tope de 105.786 acciones para el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y de 176.309 para el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

Las remuneraciones están en el foco desde que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tachó de “inaceptables” los bonus de los altos ejecutivos en banca, sobre todo cuando se plantean además ajustes, y trasladó la preocupación al Banco de España.

Sus quejas han sido secundadas después por varios ministros como José Luis Escrivá, Yolanda Díaz o Maria Jesús Montero. El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó hace escasos días que no se entiende que "si hay directivos que ganan más de seis cifras" las empresas planteen despidos, aprovechando su intervención en la cumbre de la Unión Europea de Oporto ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno asistentes.

Desde la banca y expresado al más alto nivel por los consejeros delegados del Santander, José Antonio Álvarez, de BBVA, Onur Genç, del Sabadell, César González-Bueno, y de la misma Caixabank, Gonzalo Gortázar, defendieron que los esquemas de remuneración en banca son “los más regulados” del mundo, con reglas establecidas a escala europea que, incluso, dejan en desventaja al sector frente a, por ejemplo, Estados Unidos, al no poder retribuir y retener igual a su talento.

En caso específico de Caixabank, Gortázar recordó que la propuesta retributiva se trató “de manera adecuada en el consejo, que fue informado y lo seguirá siendo”, defendiendo que es el ámbito para abordar estas materias conforme establece la misma regulación europea, tras el preceptivo análisis e informe de la Comisión de Remuneración.

No obstante, recordó que los accionistas pueden también aprobar o denegar la propuesta en Junta, ya que son propuestas que se llevan a votación “con la máxima publicidad”. “El único camino que podemos seguir en este momento es que en la Junta se tomen, se expliquen y se voten las decisiones de una serie de puntos entre los cuales está la remuneración”, agregó, recordando que añadir puntos o propuestas “no se pueden cambiar sin generar un retraso en la Junta y unas complejidades notables”.

Aunque la queja del Gobierno ha sido genérica, el foco está en CaixaBank porque el Estado controla a través del Frob un 16,1% del capital, y está representado en su Consejo a través de Teresa Santero.

Los sindicatos prevén además hacer oír su voz frente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por CaixaBank y que afectaría a casi 8.300 trabajadores, con 7.791 salidas y la reubicación de otras 500 personas en filiales de la entidad, que rechazan de plano y dentro de las iniciativas desplegadas para tratar de minimizarlo.

Gortázar asumió en la presentación de resultados que es un proceso “duro” y que “no gusta” abordar pero que resulta necesario por la propia viabilidad a futuro del negocio, convencido de que hay “margen” para acercar posiciones y lograr el mejor acuerdo posible, que “todo el mundo entenderá” al final. Además, subrayó que CaixaBank garantiza la recolocación de todos los afectados que deseen buscar un nuevo trabajo con el plan que pondrá en marcha junto a Lee Hecht Harrison (Grupo Adecco) y la consultora estratégica McKinsey.

Los accionistas deberán votar además en la Junta las cuentas del 2020 y el informe de gestión o el pago de dividendos por la cuantía máxima del 15% permitida por el Banco Central Europeo (BCE). También irá la reelección de José Serna Masía como consejero dominical a propuesta de Fundación Bancaria “La Caixa” y a Koro Usarraga como independiente, y varias reformas estatutarias entre las que figura establecer la posibilidad de celebrar la Junta de forma exclusivamente telemática en el futuro si fuera necesario.