A su juicio, de llevarse a cabo, supondría un “triple coste” para los ciudadanos, “por el peaje, por los numerosos impuestos que pagan por circular con sus vehículos y por el encarecimiento del transporte en los diferentes productos y servicios”, según señaló en un comunicado.
La organización puntualizó que la medida se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea, en el que el Gobierno plantea un peaje por la circulación por diferentes vías, aunque “sin precisar” el mecanismo de pago que se extenderá de forma progresiva, primero a las autopistas y a las autovías y con posterioridad al resto de carreteras.
OCU se mostró “contraria” a la puesta en marcha de esta medida propuesta “de forma unilateral” por el Gobierno, “sin la existencia de consenso ni diálogo previo con los sectores implicados, resto de fuerzas políticas y la participación de los usuarios”.

AFÁN RECAUDATORIO
Tras insistir en que, a su entender, tiene “un claro afán recaudatorio”, la organización advirtió del “elevado impacto” que puede tener para los usuarios una “imposición generalizada” de peajes en la red de carreteras y recordó que los ciudadanos “ya pagan impuestos por circular con su vehículo”.

OCU advierte de que, si generaliza un peaje para todos los usuarios de las carreteras incluidos los transportistas profesionales, los ciudadanos “acabarán pagando de forma triple el mantenimiento de las carreteras a través del incremento de los precios de bienes y servicios por el aumento del precio del transporte”.
Por todo ello, se opone a un peaje generalizado y exige un debate social de todas las partes implicadas, incluidos los consumidores, “del que salga un modelo justo de financiación de las infraestructuras de transporte por carretera que garantice su funcionamiento”.