Lo expone en el ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2020’, en el que, por sexto año consecutivo, y con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge las demandas registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España.

El informe indica que en 2020 se atendieron 128 demandas, un 68%, efectuadas por mujeres, y un 32%, por hombres. Denuncia que “con frecuencia” se recurrió a la conocida como ‘ley mordaza’ “para sancionar a personas con problemas de salud mental, que revelaban síntomas que deberían haber implicado la activación de los servicios de salud, en lugar de ser calificados como resistencias a la autoridad”.

Aunque las cifras y los ámbitos en los que se producen las demandas coinciden en muchas ocasiones con años anteriores, las circunstancias específicas de la pandemia y el confinamiento han hecho que muchas de las vulneraciones, que ya se producían antes, se intensifiquen y agraven, e incluso, que parezcan algunas nuevas, según expone Salud Mental España.
Así, por ejemplo, el Servicio de Asesoría Jurídica ha recibido denuncias de situaciones en las que, durante el confinamiento estricto, cuando se permitía la movilidad solo a personas con discapacidad, en el caso de las personas con un problema de salud mental que salieron a la calle, este derecho no se garantizó en igualdad de condiciones con las demás, conforme a lo dispuesto en la legislación y se vieron “expuestas a conductas violentas o a la mofa”.
Según explica el informe, muchas personas no tenían tramitado el reconocimiento del grado de discapacidad, por lo que quedaron en un limbo legal, aunque pudieran aportar informes médicos o psicológicos que justificaran la necesidad de la salida. Además, muchas otras se encontraban fuera del sistema sociosanitario, por lo que no disponían de documentación acreditativa ni medios de obtenerla en situación de emergencia.
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la confederación y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, señáló que que en aquellos momentos “la consideración hacia las específicas circunstancias de este colectivo fue ignorada a nivel general. La información no llegaba y si lo hacía era de forma muy confusa. Por ello, desde la confederación se impulsó la elaboración de una serie de documentos, utilizando un lenguaje sencillo y directo, en los que se trató de despejar las dudas más recurrentes en relación con lo que se podía o no hacer. El objetivo era hacer accesible la información a las personas con problemas de salud mental”.
En cuanto al contenido de las quejas relacionadas con la interacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con personas con problemas de salud mental, durante estos meses, el informe destaca que la mayoría se produjeron debido a comportamientos de agentes de policía, que eran los que en aquellos momentos más trataban con la sociedad.
En este escenario, y para que estos y estas profesionales tuvieran una herramienta de información y a la que recurrir y así redundar positivamente en la sociedad, desde la confederación también se elaboró una Guía con recomendaciones para la “Intervención con personas con problemas de salud mental ante la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19”, dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Otro de los ámbitos en que se centra el informe es en la suspensión de muchos de los recursos de atención a la salud mental, El Informe describe cómo hubo personas que no contaron con el necesario cuidado de su salud mental y, en consecuencia, en muchos casos, tampoco de su salud física.
El documento también plasma la situación vivida por personas con problemas de salud mental sin hogar. Durante la pandemia se constató, por un lado, una falta de recursos de atención a estas personas, y por otro, en el caso de los recursos dispuestos, la escasez de equipamiento adecuado y las dificultades de acceso a ellos para estas personas.
VIOLENCIA
Por otra parte, el temor a un agravamiento de la violencia machista durante el confinamiento, generalizado entre muchas mujeres maltratadas, fue aún mayor entre las mujeres con problemas de salud mental.
Así lo transmitió la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España, que manifestó su preocupación por las distintas situaciones de violencia que podían estar viviendo las mujeres con problemas de salud mental, agravadas por el confinamiento, recordando, además, que tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar y/o en pareja y que el 42% de las mujeres de este colectivo no reconoce estas violencias como tales.
La Red también denunció las carencias existentes, de nuevo empeoradas por la pandemia, en cuanto a recursos de atención, no solo de mujeres afectadas por la violencia machista, sino también a madres y cuidadoras, un rol muchas veces coincidente.
Este rol de cuidados se manifiesta claramente en el perfil de las personas que acudieron el año pasado al Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación, ya que la mayoría de familiares fueron mujeres (madres, parejas, hermanas), mientras que en el caso de las personas con experiencia propia, los hombres acudieron más que ellas (65% hombres, 35% mujeres).
En cuanto al tipo de demandas, en el caso de las mujeres predominaron las relacionadas con la vulneración de derechos humanos (41,4% de las demandas), mientras que las consultas mayoritarias de los hombres estuvieron relacionadas con asuntos civiles (43,9%), como modificación de la capacidad, tutelas, ingresos involuntarios, etc
Respecto a otros ámbitos, en concreto, las mujeres consultaron temas relacionados con las administraciones públicas, bien sanitarias bien sociales (26,5% de las consultas), seguido de asuntos penales (14,9%), laborales (9,2%), civiles (5,7%) y, por último, en materia de vulneración de derechos fuera de nuestras fronteras (2,3%). Los hombres, por su parte, plantearon demandas relacionadas con la vulneración de derechos humanos (31,7%), seguidas de consultas relacionadas con las administraciones públicas (14,7%), asuntos laborales (7,3%) y vulneración de derechos fuera de España (2,4%).