Así lo indica el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea y que permitirá poner en marcha hasta 212 grandes inversiones y reformas con cargo a los 140.000 millones de euros que llegarán a España del macrofondo Next Generation.

Conforme al calendario incluido en el plan, el texto será analizado en la Conferencia Sectorial de Vivienda durante el segundo trimestre de este año y completará la fase de audiencia pública para su aprobación posterior en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo prevé completar su aprobación en las Cortes Generales en el tercer trimestre del año 2022.

En la explicación del proyecto, el Gobierno repara en que no se ha aprobado ninguna norma con rango de ley que regule "el derecho a una vivienda digna" y "adecuada" desde la aprobación de la Constitución Española en 1978.

Para garantizarlo, refiere que la norma abordará los diferentes instrumentos de planificación, programación y colaboración, incluyendo entre ellos programas de rehabilitación y mejora del parque de vivienda existente, pública y privada, y de los entornos residenciales donde se encuentran.

Asimismo, incorpora planes de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, orientado a ofrecer inmuebles con rentas a precios asequibles.

El plan hace énfasis además en la necesidad de promover la rehabilitación y mejora del parque de viviendas teniendo especial consideración hacia las personas y hogares "con mayores dificultades y en situación de pobreza energética, evitando la segregación de barrios para lograr una ciudad sostenible e integrada" a la vez que se avanza en los objetivos de descarbonización de la economía.

Para ello y entre los objetivos troncales de la norma establece una regulación de las políticas de vivienda "como servicio público de interés general", fijar un "blindaje de la función social de la vivienda" o "promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables".

El Gobierno repara en que se aborda este desafío regulatorio en un momento "especialmente relevante tanto por la crisis económica y financiera de la última década como por los graves efectos de la pandemia de Covid-19", que se ha traducido en que una parte "importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a precio asequible".

En apoyo a esta denuncia indica que un 37,4% de los ciudadanos y familias en alquiler destina más del 40% de sus ingresos al pago de la renta, "muy por encima del porcentaje medio de la Unión Europea situado en el 24,2%", hay 3,5 millones de personas en situación de pobreza energética y "una gran potencialidad del parque edificatorio".

Además, apunta la necesidad de rehabilitar los inmuebles para avanzar en la descarbonización de la economía porque "más de la mitad de las viviendas son anteriores a 1980 y representa un importante porcentaje del consumo energético de la edificación y de emisiones de gases de efecto invernadero".

El Gobierno espera que la normativa tenga un impacto "favorable" en el conjunto de la sociedad y de forma especial en personas y colectivos más vulnerables, ayudando también al sector de la construcción al promover la rehabilitación.