Así consta en el paquete de reformas del marco laboral -componente 23- incluido en el citado plan que el Gobierno ya ha remitido a la Comisión Europea y del que hoy se publicaron los detalles.

En concreto, se apunta al establecimiento en este año un mecanismo de flexibilidad interna “sobre la base” de los ERTE por Covid-19 para aplicar cuando se produzcan caídas transitorias o cíclicas en la actividad de las empresas, “con un foco especial en la formación de los trabajadores”.

Así, se posibilitaría la reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, con lo que se permite “minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador”, al tiempo que se reduciría la temporalidad.

Para financiarlo, se creará un fondo tripartito cuyo funcionamiento se acordará en el diálogo social y al que se destine del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo -que se produce en las fases alcistas del ciclo económico- para financiar los déficits en las fases recesivas.

Igualmente, el Estado aportará al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) “en la medida que sea necesario” para que éste abone las prestaciones por desempleo correspondientes para los afectados.

“Además de esta aportación al SEPE para el pago de prestaciones, el Estado también puede participar mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas tal y como se ha hecho en la crisis actual”, apunta la reforma, que prevé recurrir a los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar la contribución adicional correspondiente al Estado.

Además, se acompañaría de un mecanismo de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición, con una financiación mixta. En concreto, “las empresas o sectores afectados pagarán una parte del sueldo y el gasto en formación y recualificación de los trabajadores, completando el resto el Estado mediante el recurso a los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las transferencias para financiar las Políticas Activas de Empleo”.

Se encargarán de ejecutar esta reforma el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Hacienda, y se buscará “el mayor nivel de consenso” con los agentes sociales.