Así se desprende de una encuesta independiente realizada a petición de Greenpeace por el instituto de investigación de opinión YouGov entre el 15 y el 19 de abril. El trabajo, dado a conocer este miércoles, cuenta con una muestra de 1.101 españoles.

"Es preocupante que una mayoría de la población española considere que el Gobierno no respeta suficientemente los principios éticos y morales con su política de exportación de armas", apuntó Sara del Río, responsable de la campaña de Desarme en Greenpeace, quien añadió: "El Gobierno da la espalda a los derechos humanos y autoriza ilegalmente la venta de armas que pueden utilizarse en conflictos de terceros países. Mientras, usa la excusa de los secretos oficiales para ocultar esta realidad a la sociedad española y quedar impune. Se trata de un comportamiento antidemocrático para doblegarse a los intereses de la industria de la guerra y cuantas más personas conocen estas prácticas, mayor oposición hay".

Por otro lado, los ciudadanos españoles consultados consideran que la exportación de armas beneficia sobre todo a la industria armamentística (49%) y al Gobierno (32%). Sólo un 2% ve un beneficio para la población, igual que en Italia, mientras que ese porcentaje aumenta a un 3% en Alemania y Francia. Esos cuatro países son los mayores exportadores de armas de la UE y se encuentran entre los siete principales exportadores del mundo, según Greenpeace.

El 69% de los españoles encuestados se opone a la participación del Gobierno en proyectos armamentísticos conjuntos si las armas o el material de defensa se venden a dictaduras o países en guerra o que violan los derechos humanos (76% en Italia, 73% en Alemania y 59% en Francia).

"Los gobiernos europeos deben atender a la creciente preocupación de la ciudadanía acerca del controvertido negocio de la venta de armas, por su estrecha relación con el recrudecimiento de los conflictos armados y la vulneración de los derechos humanos", subrayó Javier García Raboso, responsable de la campaña de Paz, Democracia y Derechos Humanos en Greenpeace. "En lugar de hacer negocio con las guerras, la Unión Europea debe reforzar su rol pacificador en la escena internacional, impulsando en su lugar la mediación, la diplomacia y la cooperación", recalcó.

Greenpeace España demandó un sistema efectivo de control de comercio de armas que erradique su exportación cuando exista riesgo de que sean utilizadas en violaciones del derecho internacional y exigió el estricto cumplimiento de la Ley de control de comercio de armas, de la Posición Común europea y del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas. "La reforma de la franquista Ley de Secretos Oficiales debería asegurar el acceso a información ante posibles violaciones de derechos humanos", concluyó.