Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el director ejecutivo de la asociación de defensa de los conductores Dvuelta, Germán Rodríguez, y su portavoz jurídica, Ana Toribio, quienes señalaron que la norma del consistorio no tenía en cuenta las concretas circunstancias de cada caso en el que se sancionaba a un conductor, es decir, en contra de lo que establece la Ley de Tráfico.

La sentencia estima el recurso interpuesto por Dvuelta contra la ordenanza municipal y declara que ésta vulnera los principios de jerarquía normativa y de proporcionalidad. "Una ordenanza municipal no puede prevalecer sobre una ley, a la que debe someterse (en este caso la Ley de Tráfico, además de ámbito estatal)", indicaron los responsables de esta asociación.

Subrayaron que el fallo judicial considera que si la ley establece que debe haber unos criterios para graduar la multa, la ordenanza del Ayuntamiento no puede soslayar esta disposición de orden jerárquico superior.

"La nueva ordenanza no lo contempló y eliminó la graduación en las multas, con lo que algunas de ellas pasaron de tener un coste de 90 a 300 euros, como por ejemplo la de estacionar en doble fila sin conductor, una de las infracciones más denunciadas", añadieron.

Los responsables de Dvuelta explicaron que sólo en el año 2008 se ingresaron en el Ayuntamiento de Madrid 200 millones de euros por multas de tráfico, cuando lo presupuestado inicialmente fueron 170 millones. En 2009 se prevé recaudar, según los presupuestos municipales, 270.456.301 euros por infracciones de la ordenanza ahora anulada por el TSJM.

Aunque la sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, Dvuelta instará al Ayuntamiento de Madrid a la ejecución inmediata de la misma.