Según ha informado el PSOE, Cuesta añadió que el seguimiento habría sido aún menor si no fuera por que algunos jueces "han solicitado permisos para el día de hoy a efectos de alargar y aprovechar el puente del día 12”. Además, dijo que no la huelga no ha sido "secundada por el resto de las asociaciones judiciales y además fue desautorizada, como inconveniente e injustificada, por la totalidad de las fuerzas políticas parlamentarias”.

El portavoz socialista argumentó que los presupuestos para 2010 destinan más de 1.805 millones de euros a la justicia, “lo que supone un aumento del 13,7%, es decir, 219 millones más que el año pasado”, que les convertirían en “los presupuestos más altos para la justicia de toda la historia de la democracia”.

Además, apeló al Plan de Modernización de la Justicia, que, según sus palabras, ha sido "dialogado y consensuado con más de 100 entidades y colectivos, con las asociaciones profesionales, con las comunidades autónomas, con el Consejo General del Poder Judicial y con las fuerzas políticas parlamentarias".

Esta plan, continuó, proporcionará "600 millones de euros más para la justicia en los próximos tres años, 750 nuevas plazas de jueces, 450 de fiscales y 800 de secretarios", y garantiza "la interoperatividad de los sistemas informáticos y más medios tecnológicos para una justicia en red”.

Finalmente, resaltó el "alto consenso parlamentario" logrado en la aprobación del proyecto de Ley de Reforma Procesal para la implantación de la Oficina Judicial, que, en su opinión, "recoge muchas de las reivindicaciones de distintos colectivos de la justicia y garantiza una justicia ágil y moderna al servicio de los ciudadanos".

Por todo ello, Cuesta se preguntó: “¿Es la huelga de la APM una treta para cogerse un puente, o pretenden enseñarnos los dientes y las puñetas? ¿Es acaso un pulso o un chantaje al Parlamento, al Gobierno, a las comunidades autónomas y al Consejo General del Poder Judicial?”. "Es una irresponsabilidad antisistema y una deslealtad con el proceso de diálogo constructivo", con la que "la APM se invalida como interlocutor, pues surgen dudas más que razonables sobre su lealtad institucional”.