Según los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el déficit acumulado hasta marzo es el resultado de la diferencia entre derechos reconocidos por operaciones no financieras -ingresos- de 38.852,52 millones y las obligaciones reconocidas -gastos- de 39.481,1 millones. Los ingresos aumentaron un 5,46% respecto al mismo periodo del año anterior y los gastos repuntaron un 8,02%.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,27% correspondieron a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,73% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En cuanto a las obligaciones, el 87,96% fue reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 12,04% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del Sistema se situó en 37.807,94 millones, con un incremento del 5,37% respecto al ejercicio anterior, y los pagos crecieron un 9,26%, hasta alcanzar los 39.360,26 millones.

En la parte de ingresos, las cotizaciones sociales ascendieron a 32.187,53 millones, lo que supone un incremento del 0,92% respecto a los ingresos del ejercicio 2020.

Las cuentas de la Seguridad Social reflejan el impacto de la pandemia y los ingresos por las cotizaciones de desempleados crecieron casi un 15% hasta marzo, así como las cotizaciones de ocupados bajaron un 0,06% debido a las medidas puestas en marcha con motivo de la pandemia y que incluyen exoneraciones de cuota de los trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han supuesto 424,22 millones menos de ingresos.

Las transferencias corrientes para la Seguridad Social ascendieron a 6.377,58 millones, un 38,56% más que hace un año, siendo la partida más significativa las transferencias del Estado y Organismos Autónomos por importe de 5.419,89 millones (un 46,78% más) para financiar el Ingreso Mínimo Vital y cubrir gastos considerados ‘impropios’ de la Seguridad Social, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, por importe de 1.667,06 millones.

En la parte de gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 37.036,69 millones, un 7,28% más, y representaron casi el 94% de todo el gasto del Sistema. La mayor partida, 34.059,55 millones, correspondieron a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 7,11%. Las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevaron un 1,26%, hasta los 29.030,11 millones; los subsidios de incapacidad temporal aumentaron su gasto un 31,66%, hasta los 3.045,75 millones, siendo 505,77 millones para bajas por Covid; las pensiones y prestaciones no contributivas alcanzaron los 2.977,14 millones (+9,34%); las prestaciones para autónomos acumularon 1.094,79 millones; las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor ascendieron a 734,47 millones (+5,7%), y a las prestaciones familiares se destinaron 546,27 millones (-14,05%).

Por su parte, los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social experimentaron un incremento global del 0,15% interanual, hasta alcanzar 855,84 millones.