Así lo anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa de presentación de los objetivos de déficit incluidos en el Plan de Estabilidad remitido por el Gobierno a la Comisión Europea este viernes 30 de abril.

La reducción en la previsión de déficit se produce después de que hace unas semanas el Gobierno modificase en el cuadro macroeconómico su previsión de crecimiento del PIB para 2021, rebajándola al 6,5% del PIB, frente al 7,2% que estimaba anteriormente, mientras que prevé un avance del 7% en 2022.

De esta forma, Montero explicó que el impacto de la reducción del PIB en la nueva previsión del déficit es menor de lo que cabría esperar, debido a que, según recordó, el dato de cierre de 2020, del 10,97%, fue mejor del previsto inicialmente, del 11,3%. Este último fue el que se tuvo en cuenta para calcular la anterior previsión de déficit del 7,7%.

Por administración, Hacienda estima que el déficit en 2021 sea del 6,3% para la administración central, del 0,7% para las comunidades autónomas y del 1,5% para la Seguridad Social, mientras que para las corporaciones locales prevé equilibrio presupuestario.

Asimismo, la ministra subrayó que la mejor evolución de la recaudación tributaria respecto al PIB, permite que el impacto de la peor previsión de PIB sea menor. En este sentido, recordó que en 2020 el PIB cayó un 9,9%, mientras que la recaudación lo hizo un 8,8%. De cara a 2021, la previsión de Hacienda es que la recaudación aumente un 7,6%, dato superior a la estimación de avance del PIB.

Por tributos, la previsión de Hacienda es que la recaudación del IRPF crezca este año un 5,9%, hasta los 104.709 millones de euros; que la de Sociedades aumente un 13,9%, hasta los 25.177 millones; que los ingresos por IVA avancen un 7,8%, hasta 76.079 millones; y que los impuestos especiales mejores su aportación un 4,6%, hasta los 21.491 millones de euros.

De cara a los próximos ejercicios, Hacienda espera, en un contexto inercial, si no se realizaran reformas ni se tomaran nuevas medidas, un déficit del 5% en 2022, del 4% en 2023 y del 3,2% en 2024. Así, la ministra destacó que la gran reducción del déficit en 2022 se explica porque el retraso de la recuperación económica en este año hará que una vez se produzca también alcance a la primera parte de 2022.

A este respecto, preguntada sobre si la previsión de déficit de 2022 contempla ya el impacto que podría tener la reforma fiscal en la que trabaja la Comisión de Expertos creado por el Gobierno, Montero explicó que no está contemplada aún en el dato, y recordó que la reforma se realizará de forma acompasada a la recuperación económica.

Por administraciones, la evolución del déficit de la administración central lo situaría en el 3,5% en 2022, 3,1% en 2023 y 2,5% en 2024. Por su parte, el de las comunidades autónomas bajaría al 0,6% en 2022, 0,4% en 2023 y 0,2% en 2024, y el de la Seguridad Social se reduciría al 0,8% en 2022, 0,7% en 2023 y 0,7% en 2024. Para las corporaciones locales, Hacienda espera equilibrio presupuestario en 2022 y un superávit del 0,3% tanto en 2023 como en 2024.

En lo que se refiere a la deuda pública, la previsión del Gobierno es que descienda al 119,5% en 2021, desde el 120% de 2020, y siga reduciéndose al 115,1% en 2022, 113,5% en 2023 y 112,1% en 2024.

En cuanto la posibilidad de elaborar un plan de reequilibrio para lograr la reducción del déficit y la deuda, Montero indicó que en estos momentos “lo que tenemos que consolidar es la recuperación económica y del empleo” y que, por tanto, “en términos de gasto es evidente que en estos momentos hay un estímulo que tiene sentido por la situación de la pandemia”.

Así, señaló que la reducción del desequilibrio presupuestario en los próximos años llegará gracias, por un lado, a un incremento de la recaudación debido a la evolución del ciclo económico; por otro, a la implantación de la reforma fiscal de forma acompasada a la recuperación; y, por último, a que el fin de la pandemia hará que se reduzcan gastos, como los ERTE, que se han utilizado durante la pandemia para denominado por el Ejecutivo como “escudo social”.