En un comunicado divulgado este viernes, el sindicato ha denunciado que los nuevos procesos de reestructuración amenazan con situar las plantillas del sector financiero español en torno a las 150.000 personas, 120.000 menos que en 2008.

Según el escrito, España se convertiría así en el país de la Eurozona con mayor carga de atención por empleado, que daría servicio a una media de más de 300 habitantes frente a los 184 que promedia la Unión Europea (UE).

“Estamos, en definitiva, ante un proceso de descapitalización del factor humano, el principal activo de un negocio que se asienta sobre información y datos, pero también es principalmente relacional: una actividad que necesita de personas que atiendan a personas”, prosigue el comunicado.

En este sentido, el sindicato ha calificado los EREs presentados por ambas entidades financieras como “salvajes e indecentes” porque “ponen encima de la mesa más de 12.000 despidos al tiempo que multiplican los sueldos de sus cúpulas”.

Por ello, la organización sindical ha exigido a Caixabank y BBVA rectificar en sus planteamientos de partida en los EREs, “a fin de evitar una escalada de conflictividad”, y reorientar la reestructuración hacia mecanismos “que eviten un impacto traumático sobre el empleo y garanticen la voluntariedad”.

La organización exige que las lógicas empresariales tengan en cuenta una dimensión social “imprescindible” y recuerda que los profesionales del sector dieron una respuesta “excepcional” durante la pandemia.

“Han sido quienes han sostenido el sector financiero en un entorno de crisis financiera y deterioro reputacional, y quienes han vuelto a sostenerlo en una coyuntura sin precedentes, dando la cara como bancarios, que no banqueros”, prosigue el comunicado divulgado por CCOO.

Por otro lado, el sindicato dirigido por Unai Sordo ha pedido al Gobierno, comunidades autónomas, partidos políticos, supervisores y entidades financieras, que este pacto de Estado garantice que el sistema financiero dota de crédito “a la economía real en el contexto de Reconstrucción”, y asegure que el proceso de transformación del sector no se basa en despidos forzosos y “absolutamente desproporcionados”.