Luis Vañó, que renueva su cargo estos días para los años 2021-2025, considera que hay que trabajar “con urgencia” en una transformación del sector y asegura que van a “redoblar los esfuerzos” para defender y exigir la incorporación de las demandas y propuestas del Tercer Sector Social de la Discapacidad en las políticas públicas y el desarrollo de un nuevo modelo de cooperación público-privada. Para él, “el Tercer Sector de Acción Social debe ser un actor para una cogobernanza enriquecedora.

Asimismo, plantea la modernización del modelo de servicios sociales, “apostando por una gestión compartida” que implique como elemento estratégico al movimiento de la discapacidad “por su capacidad de desarrollo e innovación”, así como la “necesidad de proporcionar una financiación estable al sector social de la discapacidad, con un plan económico y financiero que proteja a las entidades, y su acción social innovadora”.

Otro de los contenidos que recoge esta publicación es el nombramiento en el próximo Consejo de Ministros del actual Delegado de Derechos Humanos y Discapacidad para la Convención de la ONU del Cermi, Jesús Martín Blanco, como nuevo director general de la Discapacidad, en sustitución de Jesús Celada, que abandonó la Dirección General de Políticas para la Discapacidad para formar parte de la lista electoral del PSOE en Madrid.

Además, el boletín incluye las demandas del movimiento Cermi con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo día 3 de mayo. En su manifiesto, el Comité exige el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva “como elemento esencial para una vida independiente y participativa”.

Entre otros contenidos, en materia de inclusión laboral, se recoge una entrevista realizada por Europa Press al presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien considera que “la situación es devastadora”, ya que tras la pandemia “todo ha empeorado”. En este sentido, alerta sobre el hecho de que “estamos a punto de perder una década para el empleo de las personas con discapacidad”. “Hemos desaparecido de las políticas públicas de empleo”, señala. Así, apunta que en 2020 hubo “más de un 30% de contratos de personas con discapacidad que el año anterior”.