Según un comunicado publicado este jueves tras conocerse la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, CSIF denunció un “nuevo récord” en la contratación temporal en las administraciones públicas al totalizar 1.033.700 personas en esta situación, 140.900 más respecto al mismo periodo de 2020. Con ello, la tasa de temporalidad se situó en el 30,4%, frente al 19,9% del sector privado, 10,5 puntos más.

CSIF señaló que “las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario”, e indicó que en el último año se incorporaron 149.400 personas, por lo que “la inmensa mayoría responde a los citados contratos temporales”.

Calificó de “grave problema” este tipo de contratos “en muchas ocasiones en fraude de ley, lo que está provocando situaciones personales muy difíciles”, y reclamó al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el inicio “urgente” de la negociación para “afrontar de una vez por todas” la contratación temporal en el sector público.

CSIF pidió una propuesta legislativa “que aporte seguridad jurídica y sancione la contratación fraudulenta”, eliminar la tasa de reposición, y un incremento urgente de las plantillas con 106.000 nuevos empleos en los próximos tres años y 289.235 plazas específicas para la Sanidad.