En unas declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, expuso los resultados de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas celebrada hoy para abordar el reparto de casi 2.111 millones en políticas activas.

El director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, precisó que el 45% de los fondos repartidos, de los que se descuentan algunas cantidades, estarán condicionados a resultados y se diseñarán una serie de indicadores de seguimiento para hacer la evaluación a futuro “de forma objetiva”.

En concreto, descontadas algunas partidas, quedan 1.992,2 millones, de los que el 55% se reparte atendiendo al criterio establecido en 2019 y el 45% restante, 896,5 millones, se distribuye según el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), según informó Trabajo en una nota de prensa.

Ninguna comunidad autónoma recibe una cantidad inferior a la que se le transfirió en 2020 y aumentan las asignaciones para Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Díaz destacó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) evaluará al Ministerio en la gestión de estas políticas y señaló que el cambio en la metodología “es clave para que podamos ir acentuando las medidas que tengan muy buenos resultados o ir corrigiendo las medidas con peores resultados, con la convicción de mejorar la empleabilidad”.

Citó que se va a crear un portal en el SEPE en el que se integrarán las ofertas de los empleadores, se individualizarán todas las acciones para cada demandante de empleo y se utilizarán las nuevas tecnologías para acceder a la demanda de empleo desde el móvil, por ejemplo.

Díaz también dijo de la reforma de la Ley de Empleo para posibilitar los cambios en estas políticas activas que ya hay un borrador y que se tratará con los agentes sociales y las regiones.

Destacó que todas las reformas del mercado de trabajo remitidas a la Comisión Europea, incluyendo la de las políticas activas, tienen que formalizarse en este año.

Respecto al reparto de hoy, de los casi 2.111 millones, 600 millones se destinarán a atender a 21.000 jóvenes menores de 30 años, para que puedan obtener cualificación profesional en sectores estratégicos mediante un contrato formativo. Otros 145,1 millones se destinarán a acciones formativas con itinerarios de formación y “compromiso de contratación para personas desempleadas en procesos de recolocación y vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos”. Podrán participar 43.000 desempleados.

Otros 110,2 millones serán para formación de personas en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además, se sumarán 688 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por su parte, la red de Servicios Públicos de Empleo recibirá 82,6 millones destinados a las políticas de orientación de trabajadores; la formación en diálogo social y negociación colectiva tienen una partida asignada de 10,13 millones y los centros especiales de empleo recibirán casi 25,9 millones para garantizar su actividad de inserción laboral.