La media española se sitúa en 10,4 meses, según manifestó el presidente de Cermi Comunidad Valenciana, Luis Vañó Gisbert, en el encuentro informativo ‘Baremo de Discapacidad: la puerta de acceso a los derechos’ organizado por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y Servimedia, que moderó el director general de esta agencia de noticias, José Manuel González Huesa.

En el extremo opuesto se sitúan Castilla y León y Melilla (entre dos y tres meses de espera); Ceuta (3,5 meses) y País Vasco (4 meses). Hasta 14 meses tienen que esperar las personas con discapacidad para obtener una resolución en Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha; 9 meses en Extremadura; 8,5 en Cataluña, y 8,3 en Madrid. Mejores resultados obtienen Aragón y Navarra, con 7,6 y 6 meses de espera, respectivamente.

Para Vañó, estos retrasos ”son, simplemente, inaceptables”. A su juicio, la media nacional ya resulta ”excesiva”, pero es que en muchas comunidades se tarda más de un año en obtener el certificado (de discapacidad)”, resaltó.

Vañó indicó que el impacto de la pandemia, los meses de confinamiento y la adopción de medidas de seguridad durante 2020 “hicieron aumentar la lista de espera”, pero destacó que la situación “viene de muy atrás”. Ante estos datos, las comunidades autónomas, al remitir a la Oadis la información solicitada, también especifican que han iniciado medidas para agilizar el proceso.

El presidente de Cocemfe Comunidad Valenciana señaló que muchas de ellas “han puesto en marcha planes de choque”, basados en la contratación de más personal, sobre todo para cubrir las bajas; la renovación informática, a fin de facilitar a los técnicos el acceso a la historia social y clínica de los solicitantes, y el establecimiento de criterios de prioridad para las urgencias.

En esta línea, destacó que los centros base de todas las comunidades autónomas precisan “una restructuración urgente”. En su opinión, “ es preciso ejecutar “una reclasificación de los puestos de trabajo”, una mejor coordinación entre los distintos servicios y la obligación legal de resolver el expediente en tres meses.

CUESTIÓN DE DERECHOS

En la jornada también participaron el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga; el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga; el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá Miguel Ángel Ramiro; el director del Centro de Valoración de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Javier Zugasti, y Sonsoles Sueiro, madre de una niña con discapacidad y socia de la Liga Reumatolóxica Galega.

Todos coincidieron en exigir mayor agilidad en la valoración de la discapacidad y en la urgencia de actualizar el baremo ahora vigente, que data de 1999 y es anterior a la convención de Naciones Unidas.

Para Queiruga, este tiene una incidencia crucial en la vida de las personas, pues "permite el acceso a toda una serie de derechos y a ayudas para compensar esas desigualdades y los sobrecostes que muchas veces implica la discapacidad".

Entre otras, existen ayudas al transporte y para la adaptación de viviendas, plazas reservadas en el empleo público y la posibilidad de adaptaciones curriculares en la educación reglada. Sin embargo, prosiguió, hay muchas situaciones de enfermedades discapacitantes que "quedan fuera del radar", tales como las enfermedades degenerativas y las relacionadas con discapacidades orgánicas o con pluripatologías.

ADAPTARSE A LOS NIÑOS

Para Sonsoles Sueiro, el baremo actual “está muy centrado en los adultos y en la vida laboral”, y “no tiene en cuenta el impacto de la discapacidad en la vida personal y en el aprendizaje de los niños”. “Los pequeños con enfermedades crónicas faltan mucho a clase (entre 70 y 80 días al año), ya sea porque están hospitalizados o enfermos en casa, ya por consultas médicas.

Sin embargo, la gran mayoría responde que se encuentran bien en las entrevistas de valoración y que no se sienten enfermos”, puntualizó. “Primero, porque están acostumbrados y porque los niños tienen una gran capacidad de adaptación, y segundo porque prefieren sentirse así”.

“Sería muy conveniente que en el nuevo baremo, los profesionales supiesen cómo tirar del hilo para detectar y evaluar bien las necesidades de los niños”, concluyó Sueiro.