Lo hicieron durante el encuentro ‘Baremo de Discapacidad: la puerta de acceso a los derechos’ organizado por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y la agencia de noticias Servimedia. Este diálogo contó también con la participación de Miguel Ángel Ramiro, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá; Javier Zugasti, director del Centro de Valoración de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; Sonsoles Sueiro, madre de una niña con discapacidad y socia de la Liga Reumatolóxica Galega; y Luis Vañó Gisbert, presidente de Cermi Comunidad Valenciana y de la Asociación de Hemofilia de esta comunidad.

Según Barriga, será un "proceso complicado" porque "desde el principio (el acceso a la discapacidad y a la dependencia) se plantearon como ámbitos distintos", pero "sin duda debemos trabajar por ello". "Es importantísimo que las personas no tengan que ir llamando a distintas puertas para luego, además, obtener distintas garantías de derechos", argumentó.

En este sentido, indicó que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 trabaja ya con el de Justicia para que el acceso al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia "recaiga en la jurisdicción de asuntos sociales, y no en la de lo contencioso administrativo como hasta ahora".

También anunció que el año que viene se aprobará de forma definitiva el nuevo baremo de discapacidad, que evolucionará hacia un enfoque basado en las interacciones sociales de las personas, "donde se recoge una clara correlación entre dependencia y discapacidad".

NUEVO ENFOQUE

Javier Zugasti apuntó que el actual baremo, que data de 1999, mantiene una perspectiva médica donde solo se tienen en cuenta las limitaciones de la persona, mientras que el nuevo "parte de un enfoque psicobiosocial, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

En concreto, el nuevo modelo "se basa en las interacciones sociales de la persona" y contiene tres baremos dentro de sí. El primero se ocupa de las aspectos relacionados con la perspectiva médica tradicional; el segundo atiende a las limitaciones en la actividad diaria y el tercero considera sus barreras a la participación social.

La principal novedad es que, en este último punto, "los técnicos no deben limitarse a la recogida de información objetiva (situación de desempleo, facilidad para acceder a la información, estado familiar...), sino que "habrán de evaluar los problemas reales que una persona encuentra de cara a su integración en la vida social", indicó Zugasti.

Finalmente, el baremo contiene una serie de anexos donde se especifica que serán necesarias su "renovación y actualización periódicas para recoger de forma adecuada los avances científicos y las nuevas patologías que puedan aparecer".

Según Barriga, la parte que se refiere a las limitaciones de la persona para desenvolverse en su vida diaria "mantiene una muy fuerte correlación con el baremo de la dependencia. Somos conscientes de ello y existe consenso técnico", pero queda ver "cómo conseguimos una armonización y regulación normativa que sean coherentes".

Admitió el retraso en los plazos para el reconocimiento del grado de discapacidad y también de dependencia, y abogó por "agilizar la burocracia y adaptar el sistema a cada persona".

IGUALDAD TERRITORIAL

El presidente de Cocemfe defendió también la necesidad de armonizar ambos sistemas,, a fin de "dar respuestas a las demandas de las personas" que necesitan un grado de discapacidad o de dependencia como "puerta de entrada a la garantía de servicios y derechos".

Urgió a actualizar el baremo de la discapacidad que es anterior a la convención de Naciones Unidas, así como a homogeneizar los criterios de valoración y las prestaciones sociales a que esta da derecho.

En la misma línea se pronunció el profesor Miguel Ángel Ramiro. A su juicio, el acceso a las prestaciones no puede depender "del código postal, sino de criterios clínicos". "Nos hemos encontrado con que, incluso dentro de una ciudad grande, como es Madrid, existen diferencias en función de las áreas territoriales. Ni qué decir tiene entre comunidades autónomas y provincias".

Estas diferencias se reflejan en el acceso a ciertos medicamentos, a programas de atención temprana, a servicios y recursos de apoyo o a la segunda opinión médica,. "Lograr la equidad supone una mayor homologación a nivel nacional, a fin de evitar estos tratos diferenciados", concluyó.