La previsión es que el cambio vaya este martes al Consejo de Ministros en un real decreto ley “ómnibus” para incorporar al ordenamiento jurídico nacional “un conjunto de directivas que estaban pendientes de transposición”, acomodando los plazos al marco europeo.

El anuncio lo realizó ayer, lunes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante el encuentro sobre los ‘Fondos europeos: La gran oportunidad para la transformación de la economía y la empresa española’ organizado por ‘El País’ y Deloitte.

Calviño explicó que la normativa comunitaria “permite hacer un mínimo de 20 años ampliable hasta 40 años”, y lo que hará el Gobierno será “hacer es una modificación inmediata de la norma para que ya en la próxima subasta que hagamos se pueda llegar hasta ese máximo más amplio”.

El objetivo final es que “las empresas tengan un período más largo de amortización de las inversiones, porque vamos a tener que hacer inversiones muy importantes para desplegar el 5G con rapidez” a fin de acelerar la digitalización del país y del conjunto del tejido productivo, aprovechando la oportunidad que brindará la llegada de 140.000 millones de euros de fondos europeos en los próximos seis años a España.