El anuncio lo ha realizado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, este lunes durante el encuentro sobre los ‘Fondos europeos: La gran oportunidad para la transformación de la economía y la empresa española’ organizado por ‘El País’ y Deloitte.

El cambio irá este martes al Consejo de Ministros en un real decreto ley “ómnibus” para incorporar al ordenamiento jurídico nacional “un conjunto de directivas que estaban pendientes de transposición”, acomodando los plazos al marco europeo.

Calviño explicó que la normativa comunitaria “permite hacer un mínimo de 20 años ampliable hasta 40 años”, y lo que hará el Gobierno será “hacer es una modificación inmediata de la norma para que ya en la próxima subasta que hagamos se pueda llegar hasta ese máximo más amplio”.

El objetivo final es que “las empresas tengan un período más largo de amortización de las inversiones, porque vamos a tener que hacer inversiones muy importantes para desplegar el 5G con rapidez” a fin de acelerar la digitalización del país y del conjunto del tejido productivo, aprovechando la oportunidad que brindará la llegada de 140.000 millones de euros de fondos europeos en los próximos seis años a España.

“Las especificidades las estableceremos en cada una de las subastas futuras, pero esto nos daría un mayor margen de maniobra para que, cuando saquemos la subasta de los 700 megahercios, que es la más importante para el despliegue de 5G, ya podamos hacerlo con unos plazos de amortización más largos y, por tanto, que las empresas tengan unas perspectivas mejores para concurrir a esta subasta”, explicó.

Para la vicepresidenta, el despliegue del 5G es toda “una revolución” porque “no se trata sólo de dar un cambio de escalar con un poquito en velocidad, es un cambio revolucionario” y España se encuentra “muy bien situada” para enfrentarse al mismo “porque desde hace 20 años hemos invertido muchísimo en infraestructuras digitales, tanto el sector público como el sector privado”.

Según relató, el país goza, de hecho, de unas infraestructuras de banda ancha “que son muy superiores a muchos de los países europeos”, como ha quedado probado con la pandemia. Sin embargo, puntualizó que para desplegar el 5G se va a necesitar movilizar “un gran volumen de inversión pública” y, de hecho, se han proyectado 2.000 millones a tal efecto dentro del plan de recuperación, y, sobre todo, se precisará movilizar un volumen importante de inversión privada.

“Lo que sabemos es que el sector de las telecomunicaciones tiene un papel muy importante que jugar y estamos trabajando en un plan de choque para asegurarnos de que el sector va a poder abordar todas estas inversiones”, relató, apuntando que se está trabajando y “reflexionando” sobre la próxima subasta de la banda de 700 megahercios “para asegurarnos de que es un éxito que seguimos avanzando y España está a la cabeza de todo el proceso”.

“Estamos reflexionando sobre cómo facilitar e incentivar la compartición de infraestructuras para hacer una gestión eficiente”, agregó, apuntando la decisión de duplicar el plazo de las concesiones del espectro.

“Nuestra prioridad como como Gobierno, nuestra prioridad como país, tiene que ser que España no desaproveche la posición de ventaja que tenemos en la banda ancha y que, por tanto, sigamos estando a la vanguardia de todo el despliegue de 5G”, insistió, indicando que se cuenta además con la ventaja de tener a los principales operadores europeos trabajando ya en el país.

Con todo ello se mostró confiada en que se logre el volumen de inversión necesario “y podamos hacer no solo que se desplieguen las infraestructuras, sino que las empresas incorporen el 5G” y “tengamos un aumento exponencial también en términos de la productividad de todo el conjunto de la economía española, que es el objetivo que tenemos con el plan”.