En un comunicado, CSIF recordó que la temporalidad supera ya el 30%, casi diez puntos por encima del sector privado, por lo que se trata de una cifra “inaceptable” que, en su opinión, “han provocado las diferentes administraciones, por una falta de planificación y gestión de recursos humanos y está provocando situaciones personales muy difíciles”.

“Exigimos complementar nuestro marco legislativo en línea con las directivas europeas, ofreciendo seguridad jurídica y certeza para evitar el abuso en la contratación temporal y en fraude de Ley”, indicó el sindicato, que abogó por establecer sanciones a las administraciones y órganos gestores que incurran en estos abusos y “reparar los perjuicios ocasionados a las personas trabajadoras que se encuentren en esta situación”.