Su propuesta es que unas 3.000 personas salgan de la red de oficinas, es decir, el 21% de los trabajadores que atienen la red, y las casi 800 restantes lo hagan de los servicios centrales, censo que enquivaldría al 5% de su personal.
En su primera propuesta para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el banco ha propuesto el cierre de 530 oficinas, siendo buena parte de ellas o hasta un total de 204 en la dirección territorial de Cataluñan.
Otras 101 echarían la persianilla en la territorial Centro, que comprende Madrid y Castilla La Mancha; otras 76 en la Sur (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla); 14 en Canarias; y 35 en la territoral Este (País Valencià, Illes Balears, Murcia).
En la territorial Norte prevé cerrar otras 59 oficinas (corresponderían a la re de Galicia, Asturias, Castilla y León) y 41 en la Norte (Euskadi, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón).
En el sindicato CCOO denunciaron que se trata de "unas cifras y un planteamiento de salida insostenible y escandaloso, que se aleja de todo aquello que el banco ha querido hacer creer a la plantilla".
"Detrás de estos números hay personas y sus familias, que se van a quedar sin fuente de ingresos mientras la alta dirección mantiene e incrementa unos sueldos millonarios, como ya denunciamos en la última Junta General de Accionistas y que no se corresponden con la gravedad de la situación", agregaron en el sindicato.