Según informó la Comisión Europea, dicha normativa otorga a los consumidores, entre otros, el derecho a recibir determinada información precontractual, así como, en principio, a rescindir un contrato con un proveedor de servicios en el plazo de catorce días naturales.

La Comisión considera que los estados miembros mencionados no han protegido de manera suficiente los derechos de los consumidores en las leyes nacionales que transponen esta directiva.

Así por ejemplo, al parecer, los consumidores italianos que rescinden un contrato disponen de un plazo más breve que el establecido en la directiva para devolver cualquier importe o mercancía que hayan recibido. En España parece que, contrariamente a lo dispuesto en la norma, los consumidores no pueden rescindir los contratos relativos a planes de pensiones.

Los seis estados miembros afectados disponen de dos meses para responder a las cartas de emplazamiento. Si la Comisión no recibe respuesta o las observaciones presentadas por las autoridades nacionales no son satisfactorias, podrá emitir dictámenes motivados (segunda etapa de los procedimientos de infracción) y someter finalmente el asunto al Tribunal de Justicia Europeo.