Sus manifestaciones las realizó al ser cuestionada en los pasillos del Congreso si el Gobierno tomará cartas en el asunto ya que el Estado es dueño del 16,1% del banco a través del Frob y tiene presencia en su Consejo de Administración.
“Por supuesto, vamos a seguir marcando claramente una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo”, afirmó, apuntando la necesitad de limitar las salidas en que, “más allá de las consideraciones de cada una de las entidades individuales, supone una pérdida de valor, una pérdida de capital humano para España que no podemos permitirnos”.
Calviño desveló que, “desde hace ya tres años”, el Gobierno ha instado al sector “a buscar y a trabajar activamente en alternativas que minimicen el impacto negativo sobre el empleo” ya que se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración para dar respuesta a la pérdida de rentabilidad que han provocado, entre otros factores, los bajos tipos de interés, el proceso de digitalización y la creciente competencia.
“Durante todo este tiempo hemos venido instando tanto a las asociaciones del sector como a las entidades individuales a hacer todo lo posible y buscar todas las alternativas que minimicen la destrucción de empleo que supone una destrucción de valor y pérdida de capital humano para España y que no podemos permitirnos”, reiteró, detallando que el Gobierno ya trasladó al sector que las retribuciones de sus cúpulas eran incongruentes con la situación.
“Hemos venido señalando que nos parecían inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a los directivos de las entidades financieras”, explicó, deslizando que han compartido esta “preocupación” tanto como con las entidades como con el Banco de España, ya que son remuneraciones “que no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y aún menos en aquellas entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas”.