El anteproyecto de esta futura norma fue aprobado hoy por el Consejo de Ministros para seguir con su tramitación.

Según informó Justicia, el anteproyecto está integrado en la arquitectura jurídica de la Estrategia Justicia 2030, enmarcada y conectada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation.

Además, constituye la segunda norma de las tres previstas por el Ministerio para la eficiencia de la Administración de Justicia, junto a la ley de eficiencia procesal, aprobada en diciembre, y la ley de eficiencia digital, prevista para verano.

En ese sentido, Campo explicó que su departamento ha impulsado esta norma porque a la Justicia española no le basta “con políticas incrementalistas” de medios, “sino que hay que hacer más eficiente” el sistema.

TRIBUNALES DE INSTANCIA

La ley contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Los Tribunales de Instancia sustituyen la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema de organización colegiada, que no altera el ejercicio de la función jurisdiccional ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento.

Los órganos de gobierno de estos Tribunales de Instancia serán elegidos por los jueces de forma participativa. En este sentido, Campo indicó que “profundiza en la democracia interna del Poder Judicial”, añadiendo que “es una norma que ensancha las oportunidades de participación de los jueces en su autogobierno”.

Además, la futura ley incrementa la seguridad jurídica y, por tanto, la “previsibilidad” de las resoluciones judiciales, al establecer exigencias de criterios interpretativos comunes entre los miembros del Tribunal, a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales. Ello no afectará a la independencia de los jueces y magistrados para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.

CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Además, se instaurarán gabinetes técnicos que actuarán bajo la dirección del presidente del Tribunal de Instancia y que podrán estar integrados por miembros de la carrera judicial y letrados de la Administración de Justicia (LAJs).

El nuevo modelo se ha construido sobre la actual distribución territorial de la justicia en España. Habrá 431 Tribunales de Instancia, tantos como partidos judiciales, con el objetivo de alcanzar una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción.

Respecto a la Oficina Judicial, el Anteproyecto flexibiliza y se adecúa para dejar atrás un modelo rígido y dependiente de la adecuación de espacios y, así, hacer posible su implantación en todo el territorio.

En ese sentido, según el ministro de Justicia, con la experiencia previa y con la inversión tecnológica derivada de los fondos europeos, “es posible reacondicionar la maquinaria al servicio de la actividad jurisdiccional para aprovecharla en todo su potencial”.

En cuanto a las Oficinas de Justicia en los municipios “son la evolución de los juzgados de paz”, según aseguró Campo. El objetivo es llevar a todos los puntos del territorio los servicios de Justicia, incluida la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en cohesión social y territorial. “Este anteproyecto es más que una reforma legislativa, es la base de la transformación de la Justicia, para contribuir al proyecto país”, concluyó el ministro.