Como alertó el senador popular Antonio Alarcó, en España hay alrededor de un millón de personas con discapacidad visual, y se estima que el 80% de los casos son evitables, de manera que “la intervención preventiva, diagnóstica y terapéutica es importantísima”.

De hecho, el parlamentario señaló que dado el incremento de casos de discapacidad visual, “tanto el sistema sanitario y de prestaciones asistenciales se verán sometidos a una sobrecarga difícil de asumir”.

Según la moción presentada por el PP, y que fue aprobada con 25 votos a favor y cuatro abstenciones, “es un hecho de relevancia indiscutible que la crisis desencadenada por la Covid-19 obliga a revisar la vigencia de múltiples supuestos organizativos y de financiación de la atención sanitaria que se presta a la ciudadanía en general y a la afectada por patologías visuales en particular”.

En este sentido, la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado acordó instar al Gobierno a elaborar un Plan de Salud Visual y Prevención de la Ceguera con estrategias de investigación, sostenibilidad económica, modelo organizativo y legitimación social; así como a ejecutar las medidas necesarias para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la ceguera.

También pidió un plan de divulgación científica para el conocimiento y prevención de la mácula y, gracias a la transacción del PSOE, que todas estas medidas se valoren con las comunidades autónomas.

Para el senador socialista Manuel Escarda, “un plan nacional específico de salud visual generaría una dispersión de recursos que está contemplado en otros planes del Sistema Nacional de Salud y duplicaría un esfuerzo sanitario”, al tiempo que “podría dejar al margen a las comunidades autónomas que tienen las competencias de la gestión”.

Desde Ciudadanos, Miguel Sánchez dejó claro que le parece "muy bien traída tanto la moción como la transacción, que la mejora”, mientras que María Teresa Rivero, del grupo parlamentario nacionalista, animó a dotar de suficientes recursos a la sanidad porque “debemos cuidar al cuidador si queremos seguir avanzando”.

Estefanía Beltrán, del PNV, destacó que “cada una de las comunidades tenemos nuestros propios planes y no puede interferir un plan nacional”, por lo que informó de su intención de abstenerse. Desde ERC, Mirella Cortés vio “una clara invasión de competencias” en la moción del PP pero, con la transacción del PSOE en este sentido, decidió abstenerse.

Dadas las reticencias de los grupos nacionalistas para caminar hacia una estrategia nacional contra la ceguera y de prevención de la discapacidad visual, el senador Alarcó, quien defendió la propuesta desde el PP, afeó que “la discapacidad visual no entiende de comunidades autónomas”.

Se estima que en España hay cerca de 800.000 personas mayores de 65 años que padecen degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una enfermedad degenerativa de la retina en la que se afecta la mácula, que es el área de visión central que proporciona la agudeza visual y que permite percibir detalles finos y pequeños.

Los pacientes con afectación de la visión central experimentan dificultades para realizar actividades cotidianas como conducir o leer e, incluso, para discriminar colores y reconocer rostros.