Dado que la empresa ya abonó en 2015 al erario público un total de 41.9856 euros “por devolución voluntaria de fondos percibidos sin previo requerimiento de la Administración”, el Ministerio Público les reclama en concepto de responsabilidad civil 133.647,69 euros.

El escrito de acusación recuerda que cuando la mercantil “Persuade Comunicación S. A.” estaba presidia por A. V. F., siendo G. J. P. su consejero delegado, resultó adjudicataria de un contrato sobre difusión en medios de comunicación de la campaña de información de la Ley de Transparencia y el Portal de Transparencia celebrado con el Ministerio de la Presidencia para una campaña que tuvo lugar durante los días 23 al 30 marzo 2015.

Así, durante la ejecución y facturación del mencionado contrato, la empresa presentó una primera versión de la Memoria en la que hizo constar que se habían contratado un total de 97.277.850 impresiones y, “en tal sentido y con carácter de justificación”, aportó unas capturas de pantalla a pesar de que la cláusula VI del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato exigía que dicha mercantil suministrase los certificados originales de los medios.

En una segunda versión de la Memoria, “y con la finalidad de compensar la falta de cobro de los recargos por anuncios en radio”, dicha mercantil indicó que las impresiones ascendieron a un total de 115.458.310 aportando para justificar tal cifra unos documentos escaneados “con la apariencia de que habían sido realizados por los diferentes medios de comunicación”.

De ahí que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, en cumplimiento de la cláusula VI del Pliego de Prescripciones Técnicas, se interesó de nuevo en que acreditaran que el servicio se había llevado a cabo a través de certificados elaborados por los distintos medios de comunicación. Es más, advirtió a la mercantil de que las capturas de pantalla no eran suficientes.

La empresa remitió una tercera versión de la Memoria donde reconoció que el número verdadero de impresiones realizadas en distintos medios que ascendía a 28.828.250, “aportando junto con dicha Memoria los certificados originales que habían sido emitidos por los diferentes medios de comunicación”.

Del examen comparativo de los certificados originales aportados con las copias escaneadas “se desprendía una coincidencia casi perfecta”. Aun así, según la Fiscalía, “los acusados actuando con ánimo de lucro ilícito y para obtener un beneficio patrimonial procedieron a modificar y alterar la cuantía de las impresiones llevadas a cabo en los medios de comunicación en los siguientes términos”.

A cambio de 41.869 euros, el referido contrato contemplaba la compra de espacios en medios de comunicación y soportes publicitarios destinados a la materialización de las campañas publicitarias de la Agencia Tributaria durante 2015.

Se estructuró en tres subcampañas donde se emitieron anuncios en televisión, radio, prensa escrita e internet). La empresa, “a sabiendas de su falsedad”, presentó documentación justificativa de la ejecución de la prestación del medio de Televisión que no se ajustaba a la realidad,

El daño económico causado a la Administración Pública, en concreto al Ministerio de la Presidencia, ascendió a 175.604,42 euros desglosados de la siguiente manera: por las impresiones de internet 104.761,80 euros, por la campaña de radio otros 28.972,69 euros y por la campaña en televisión 41.869,93 euros.