Así lo expusieron la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en una rueda de prensa para presentar los 2.110,8 millones para políticas activas que ya ha aprobado el Gobierno y que se repartirán entre las comunidades autónomas.

Pérez Rey destacó que se va a proponer en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas del próximo miércoles que “en torno al 45%” de esta primera partida de fondos -descontando una parte para jóvenes y otra para gastos fijos- se condicionen al cumplimiento de los objetivos en los planes de política anual de empleo (PAPE).

Díaz destacó que “cuando condicionamos a una serie de resultados estamos diciendo que va a haber bonus positivos y negativos”, con lo que “cambia radicalmente el modelo” respecto al actual. Además, explicó que habrá una evaluación de unos indicadores sobre la eficacia de los fondos.

La titular de Trabajo y también vicepresidenta avanzó que se dedicarán 800 millones de todos los fondos para políticas activas al colectivo de los jóvenes, a lo que se incorporará el sistema de garantía juvenil plus “que estamos ultimando” y que también se llevará a la reunión con las comunidades de la próxima semana.

“PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES”

El secretario de Estado destacó que “vamos a financiar iniciativas de primeras experiencias profesionales” para los jóvenes, “huyendo de elementos que precaricen el mercado de trabajo”.

Junto a los jóvenes, las mujeres también serán otro colectivo a priorizar en estas políticas, según dijo Díaz, y los trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tendrán prioridad en las acciones formativas

A estos recursos se suman 258 millones para el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea) y casi 1.100 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a financiar con los fondos europeos de los que 688 millones se distribuirán entre las comunidades autónomas. También se sumarían los distintos planes de empleo específicos para algunas comunidades autónomas y las partidas para compensar una parte del salario de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. En suma, “más de 3.500 millones de euros”, según Díaz.