En el transcurso del debate del texto en la Cámara Baja, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó que se trata de una ley “de enorme calado y enorme importancia para nuestro país” y agradeció sus aportaciones a las organizaciones de infancia y al pianista James Rhodes, de quien dijo que ha sido “una pieza fundamental, un motor imprescindible para que hoy podamos estar aprobando esta ley”.

“Quiero darte las gracias por tu testimonio, por haber sido capaz de hacer una cosa muy difícil, que es convertir tu dolor en cambios que van a proteger a otros niños y niñas que sufren lo que tú sufriste”, manifestó, dirigiéndose al artista para, a continuación, señalar que la ley “tiene una importancia capital” para España y, sin embargo, “ha tenido un altísimo consenso, pero una muy bajita intensidad”.
Tras recordar el recorrido parlamentario de esta normativa, valoró que las organizaciones de infancia “llevan años exigiendo a nuestro país que apruebe una ley de estas características”, por lo que el actual Gobierno de coalición estimó que esta ley “era imprescindible, que tenía una enorme urgencia”. “Pronto, por fin, va a ser una realidad efectiva y va a proteger un derecho fundamental para los niños y niñas de nuestro país, que es el derecho a tener una vida libre, segura, libre de violencias que les permita, en definitiva, ser felices”, apostilló, convencida de que se trata de una “muy buena noticia” que pueda salir adelante “con un amplísimo consenso, con el apoyo de muchísimos grupos parlamentarios” y de que el texto final “es mejor que cuando lo trajimos al Congreso”.
“Ninguna persona tiene derecho a violentaros, agrediros o haceros daño. Ninguna persona, ya sea un adulto o un compañero o compañera de vuestra edad, tiene derecho a tocar vuestros cuerpos sin vuestro consentimiento”, recordó, dirigiéndose a los menores, a quienes instó a pedir ayuda si alguien les hace daño. “Tenéis derecho a una vida digna, a una vida segura, a una vida feliz, sin que nadie os haga daño, tampoco a través de las redes sociales”, resolvió.

Por su parte, la diputada socialista Sonia Guerra recordó que se trata de una de las leyes “más participadas” de la Cámara Baja, en la que se han discutido más de 570 enmiendas, se han incorporado más de 200 y se han transaccionado más de 70 y defendió que, con su aprobación, la sociedad española “es más humana, más democrática y es, en definitiva, una sociedad mejor”, dado que la ley pretende que los menores “crezcan sin violencia y vivan sin miedo”.
A este respecto denunció que el 47,6% de los delitos contra la libertad sexual son contra menores y que cada año 38.000 menores sufren violencia en España, de los que únicamente denuncian el 20% y “cuatro de cada cinco callan durante semanas, meses o años y algunos callarán toda su vida”.
“La violencia contra la infancia no se nombra, pero existe”, espetó, dirigiéndose a Vox, que anunció su voto en contra de esta ley y a quien reprochó que niega esa violencia “porque defiende a sus verdugos contra las víctimas”. “Muchos niños, niñas y adolescentes no se atreven a denunciar porque piensan que no les vamos a creer. Otros ni siquiera saben cómo hacerlo. Algunos piensan que la violencia es una forma de relación habitual, otros se sienten culpables y piensan que se merecen esa violencia”, lamentó, para advertir de que esta ley les defiende como “sujetos jurídicos y políticos”.
La diputada recordó que la ley “no pone el acento única y exclusivamente en la atención”, sino también en la prevención, la detección precoz, la asistencia, el asesoramiento, la reparación, la restauración y la sensibilización contra la violencia y defendió que supone “un verdadero hito y hereda el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, pone en el centro la protección de la infancia y la adolescencia y la promoción de su pleno desarrollo”.
Entre los “muchos derechos” que el texto incorpora, citó que, a partir de ahora, los niños y adolescentes podrán denunciar “de manera personal y directa”, se mejoran las posibilidades de reparación de las víctimas de abusos sexuales y violaciones elevando el plazo de prescripción a partir de que la víctima cumpla 35 años, se establece como obligatoria la prueba preconstuida hasta los 14 años para “evitar la victimización secundaria” y se categoriza el mundo virtual en cuanto a los riesgos que tienen niños y adolescentes en ese ámbito.